ES-07-Xermán_Estévez

“La fe en el planeta viviente es el tema más importante al que se enfrenta la humanidad”
(Gaylord Anton Nelson)

Resumo: A UME, Unidade Militar de Emerxencias, é un órgano que está ao servizo do cidadán nos temas de alta necesidade como inundacións, incendios forestais, nevadas e situacións de especial gravidade. É unha unidade que, grazas á alta preparación dos seus membros, ten unha aceptación plena por parte dos cidadáns. Nos últimos anos, debido ao alto índice de queimas forestais que se producen en Galicia, os expertos sinalan que sería conveniente que a UME puidese contar cunha base de operacións na bisbarra ourensá da Limia.

Palabras clave: UME, defensa, medio ambiente, preparación e especialización militar, seguridade pública, seguridade universal.

Resumen: La UME, Unidad Militar de Emergencias, es un órgano que está al servicio del ciudadano en los temas de alta necesidad como inundaciones, incendios forestales, nevadas y situaciones de especial gravedad. Es una unidad que, gracias a la alta preparación de sus miembros, tiene una aceptación plena por parte de los ciudadanos. En los últimos años, debido al alto índice de quemas forestales que se producen en Galicia, los expertos señalan que sería conveniente que la UME pudiese contar con una base de operaciones en la comarca orensana de A Limia.

Palabras clave: UME, defensa, medio ambiente, preparación y especialización militar, seguridad pública, seguridad universal.

Abstract: The UME, Military Emergency Unit, is a body at the service of citizens in matters of high need such as floods, forest fires, snowfalls and situations of special gravity. It is a unit that due to its high preparation of its members has a full acceptance by citizens. In recent years, due to the high rate of forest fires in Galicia, experts point out that it would be advisable for the UME to have a base of operations in the Ourense region of A Limia.

Key words: Military Emergency Unit, defense, environment, military specialization, public security, universal security.

Sumario: 1 Introducción: la defensa en la gestión y administración de la política verde en toda España. 2 ¿Qué es la Unidad Militar de Emergencias? 3 Régimen jurídico de la UME. 4 Efectivos técnicos de la UME y su distribución geográfica. 5 Recursos económicos para el funcionamiento operativo de la UME. 6 Conclusiones.

1 INTRODUCCIÓN: LA DEFENSA EN LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA VERDE EN TODA ESPAÑA

El concepto jurídico de medio ambiente es un bien –recurso– que cada vez se encuentra más deteriorado debido a múltiples elementos negativos que alteran su funcionalidad. La Constitución española –CE– de 1978, en su artículo 45 del capítulo III, título I, dispone que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. Se trata de un principio rector que las normas posteriores aprobadas por el legislador intentaron desarrollar y fraguar a través de unos contenidos básicos centrados en la protección y recuperación ambiental en toda España. Podemos afirmar que estamos ante un principio jurídico y, desde luego, democrático que el autor y profesor Cesare BECCARIA explicaba: “el legislador, al aprobar una norma que articula un sistema racional con cierto interés general, se comporta como un arquitecto sabio”.

Sin embargo, la realidad técnica y legal es compleja y cada verano se queman millones de árboles en la mayor parte del territorio, por lo que se alcanzan niveles preocupantes en la desertización de la tierra y, ante esto, se puede señalar que se produce la progresiva destrucción de la fauna y de la flora silvestre existente, es decir, el deterioro y la pérdida creciente de la biodiversidad. En concreto, en Galicia (Ourense y Pontevedra), en Asturias (Cangas de Narcea y Tineo y Covadonga), en Lorca (Murcia), en Doñana (Andalucía), así como en el área mediterránea de la costa valenciana, y en la región de Extremadura, tan solo por poner algunos ejemplos, las cifras de las agresiones al medio ambiente durante los últimos años superan posiciones sociales y económicas de alto riesgo y por tal situación, en el año 2017, llegaron a perecer varias personas por las circunstancias extremas registradas por la casuística incendiaria e intencionada de los fuegos.

Ante tales hechos y ante la necesidad de que la Administración establezca un protocolo serio y riguroso, así como una respuesta rápida con una actuación universal dentro de un orden de disciplina funcional, el Gobierno central, a través del Real decreto de 7 de octubre de 2005, aprueba y pone en marcha la Unidad Militar de Emergencias, UME, que es un órgano adscrito funcionalmente al departamento del Ministerio de Defensa. La UME cuenta con más de 3.600 efectivos –datos de 2017–. En estos doce años de actividad tiene entre sus objetivos, en primer lugar, la misión de la defensa y el cuidado y la protección del derecho al medio ambiente, sin olvidar la seguridad de la población y, al mismo tiempo, el de prestar socorro a los ciudadanos en los procesos engendrados por circunstancias procedentes de las alertas climáticas. Las intervenciones llevadas a cabo por parte del personal de la UME hacen de su vocación un lema de garantía y, sobre todo, un servicio de protección a los intereses de la sociedad civil. Ante esto, uno de sus principios y preocupaciones de la Unidad Militar es atajar el fenómeno incendiario que cada período estival arrasa miles de hectáreas boscosas en cada rincón de los parajes españoles.

En el año 2010, la UME realiza su primer cometido fuera de España, llevando gran parte de sus efectivos hasta la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití. En este capítulo, el Gobierno español se comprometió a prestar ayuda urgente a la población tras un terremoto que arrasó pueblos enteros y enterró a miles de personas –3.000–. El grupo logístico de la UME aportó a los vecinos de los lugares afectados alimentos –en colaboración con la Cruz Roja Internacional y la Agencia Española de Cooperación Exterior– y estableció una primera línea de infraestructuras para la subsistencia diaria de la población. Se efectuó una ayuda material que estaba destinada a la creación de una red de abastecimiento de agua potable, construcción y reparación de las principales vías de comunicación, arreglo de escuelas y de hospitales y, en definitiva, un buen hacer para trazar una esperanza a miles de personas que estaban sin hogar por las circunstancias de la terrible catástrofe.

También cabe citar que, en el Distrito Federal de México, la Unidad Militar de Emergencias intervino en el rescate del ciudadano español Jorge Gómez Varo, natural de Zaragoza, que había desaparecido como consecuencia de un temblor de tierra, un seísmo que se registró en setiembre de 2017 y en el que el número de fallecidos superó la cifra de 300 personas.

La UME, de acuerdo con los principios que la caracterizan en sus estatutos de funcionamiento, desde la eficacia, la eficiencia, la justicia y, por último, la extrema profesionalidad, en este corto período de tiempo presenta una trayectoria de servicio y de total entrega. Hay que decir que esta entrega permite así consolidar la acción del Gobierno del Estado en la conservación de los intereses comunes y en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos dentro de un ámbito eco-global (globalización).

En este trabajo se pretende abordar la realidad, permanente, de las debilidades del sistema ambiental español en términos generales. Por tal motivo, surge la necesidad de que las administraciones públicas –todas– aporten una solución inmediata ante tales eventualidades que soportan de forma continua nuestros bosques y la mayoría de los parajes ecológicos. Una solución ante la quema del paisaje que debe darse es aportar una actuación rápida y profesional, que tiene que estar amparada en los principios de igualdad de derechos para la defensa de los bienes comunes, siempre bajo una conducta de justicia social en cualquier parte del territorio donde se produzca la alerta ambiental. Así, se pone en marcha en 2005 el servicio de la Unidad Militar de Emergencias –UME–, que es un órgano técnico, multidisciplinar, eficiente y con garantías para proporcionar y aportar certeza en la actividad que desarrolla.

En el supuesto de conflictos por incendios forestales y por calamidades públicas, la competencia para declarar tales alarmas corresponde al Gobierno del Estado, mediante la estrategia reglada –real decreto de Presidencia de Gobierno o real decreto, aprobado en Consejo de Ministros extraordinario de emergencia nacional (art. 6 de la Ley orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la defensa nacional)–. La Unidad Militar de Emergencias está repartida estratégicamente en una base de operaciones que está centralizada donde se alberga su cuartel general y donde se encuadran los medios humanos y materiales (Madrid, art. 15 de la Orden ministerial 8/2015, de 21 de enero). Sus órganos de apoyo son compartidos por los distintos regimientos, junto a las unidades y los grupos de la base logística –batallones– de intervención y de dispersión expeditiva sobre el terreno. El desplazamiento de los efectivos hasta el lugar de los hechos puede llevarse a cabo en pocas horas, puesto que el equipo de emergencias cuenta con medios propios –por tierra, mar y aire– y su movilidad operativa es de prioridad absoluta.

El liderazgo de la UME en los trabajos en que opera está considerado como muy eficiente, y la disciplina de sus efectivos y su preparación profesional se pueden considerar como óptimas para acometer cualquier género de operación sobre cualquier incidencia que surja a lo largo del territorio español. Se trata de un modelo de gestión de emergencias que está siendo implantado –reproducido del modelo español– por varios países de nuestro entorno, como Italia o Francia, y que la Unión Europea (UE) valora como una gobernanza efectiva. Sin olvidar, en ningún momento, la responsabilidad plena de los Estados dentro de las situaciones de procesos de crisis civil que nos tocan compartir y por tal situación se producen adversidades dentro de un contexto mundi-global.

En las siguientes páginas se va a desglosar cada una de las claves enmarcadas en la ejecución de las misiones desarrolladas por la UME en países como Grecia, México, Portugal, Francia, Italia, Haití, Nepal, Honduras y Chile, entre otros. Asimismo, podemos destacar que todo mérito de actuación de la UME está en el desarrollo profesional de la misma tropa –equipo humano– y en el comportamiento profesional de los mandos –oficiales y suboficiales– al transmitir seguridad a la población y, lo más importante, al tutelar el bienestar que, hoy, refuerza la creación de este cuerpo del Estado con estructura orgánica militar para fijar un mecanismo de control cuando se aprecien situaciones de emergencias y riesgo para la población civil. Se trata de unas situaciones que, en la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en 2017, definen el concepto jurídico de seguridad en el derecho al medio ambiente “como un objetivo prioritario para su protección por considerar que su conservación es un recurso importante para la calidad de vida de las personas”.

2 ¿QUÉ ES LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS?

La Unidad Militar de Emergencias, UME, es un órgano de carácter militar que tiene unos efectivos propios y que alberga una cadena de mando única y está a disposición del Estado –Gobierno– para dar una respuesta eficiente y rápida a situaciones adversas que se produzcan en cualquier parte del territorio español.

Se pueden citar entre sus actuaciones –preferentes– los temas ambientales, catástrofes naturales, contaminación marina, naufragios, ataques con armas químicas o bacteriológicas, situaciones de sequía, o bien rescates de desaparecidos en las aguas marítimas españolas o situaciones adversas en alta montaña. La UME cuenta con un presupuesto en origen y, a través del sistema de procedimiento administrativo de encomiendas de gestión y de los medios cedidos por parte del Ministerio de Defensa, compone y refuerza su plataforma logística para llevar a cabo sus funciones operativas, siempre en atención a los intereses comunes de la sociedad.

En general, se puede mencionar que, dentro de sus recursos económicos –Ministerio de Defensa– dedicados al funcionamiento del equipo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), cuenta con unos presupuestos que redacta el Gobierno y que son aprobados como disposición legal –ley ordinaria con tramitación especial– por las Cortes Generales y que se incluyen en la norma presupuestaria estatal –anual–; dichos presupuestos son de más de cinco millones de euros.

Precisamente, la puesta en servicio de esta Unidad Militar es un paso importante para que las Fuerzas Armadas se pongan al servicio de la población y a través de su experiencia y de su organización se pueda prestar un apoyo en la tutela del bienestar de la ciudadanía. De todas formas, a lo largo de estos años de disponibilidad, la Unidad Militar está teniendo un reconocimiento civil, tanto a nivel internacional como nacional, por su entrega y eficacia. Su agradecimiento llega desde alcaldes de pequeños municipios, vecinos, entidades sociales y grupos ecologistas, e incluso del mismo Gobierno, tanto de la Administración general del Estado como de los ejecutivos autonómicos.

La UME, por su experiencia y por su organización, está siendo un refuerzo de derechos para el bienestar de la sociedad. Se pueden citar los resultados de las pasadas nevadas, en las que cientos de conductores quedaron atrapados en sus vehículos por la dimensión en la bajada de las temperaturas. En el mes de enero de 2018, 3.000 vehículos quedaron bloqueados por la nevada en la autopista AP-6, Segovia-Madrid. La intervención de los miembros de la UME fue resolutiva y precisa para gestionar la situación creada. El personal de la UME tiene un sistema formativo continuo para adaptarse a las nuevas tecnologías y para mantenerse con los conocimientos precisos en el cometido de resolver las situaciones existentes y abordar la salvaguarda de los bienes comunes. En definitiva, la Unidad Militar de Emergencias presta su auxilio y aporta respuestas inmediatas para solventar cada una de las (posibles) eventualidades que se produzcan en todo el territorio.

3 RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UME

El día 7 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros, como órgano superior y colegiado del Gobierno, acuerda la creación legal de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En este sentido, la UME dependerá orgánicamente del Ministerio de Defensa y dentro de sus actuaciones tiene disponibilidad para utilizar los medios materiales y técnicos y de personal del contingente de las bases de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas –Ley de defensa nacional, art. 15.3–, en su vínculo jurídico, deben ayudar a preservar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

El presidente del Gobierno será la máxima autoridad civil de la UME. En la potestad de la persona en quien delegue, siempre con rango de ministro, estará encuadrada la coordinación, la dirección efectiva, el mando y sus posibles actuaciones programáticas, así como disponer de los respectivos ceses y las disponibilidades de provisión de empleo, entre otros supuestos.

El objetivo de la creación de la UME es generar y aportar una respuesta rápida en caso de emergencia o alerta producida en España por calamidades públicas u otros elementos de grave riesgo para la población, como los incendios forestales y, en todo caso, de elevado peligro por efecto de las nevadas, terremotos, contaminación marítima, alertas en alta mar o bien situaciones de crisis. La Directiva de defensa nacional 1/2002 señala expresamente la orientación de promover la integración de la UME en el Sistema Nacional de Protección Civil, con la finalidad de canalizar la coordinación y promover la efectividad en la defensa nacional dentro del provecho público. Es una integración organizativa y de cooperación y de programación que fortalece el trabajo de custodia y de auxilio de los derechos comunes. Se trata de unos derechos que pueden estar amparados por la tutela jurídica de la seguridad nacional y, por lo tanto, deben estar resguardados en todo momento, a través de un instrumento superior que está coordinado desde el propio pilar del Estado.

La unidad y los miembros de la UME pueden intervenir en cualquier parte del espacio territorial nacional. Su función procedimental es la preservación de los derechos y seguridad de la población y así, al mismo tiempo, comisionar la integración de las garantías públicas, como lo recoge y precisa el artículo 2.5 del RD 416/2006, de 11 de abril. Los apartados reglados de protocolo de actuación tienen que basarse en riesgos naturales, entre ellos inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamiento de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos climáticos de gran magnitud que tengan o pongan en trance a la sociedad u intereses calificados de carácter público y universal.

Realmente, se trata de situaciones en que las administraciones públicas deben dar una propuesta –inmediata– de socorro y de compromiso, en caso de producirse la necesidad, y también organizar una defensa coordinada de los derechos de la población.

Se puede destacar que la UME actúa en reducir los efectos de los incendios forestales que asolan los montes españoles cada verano –julio, agosto y setiembre– y que es donde más participan cada una de estas brigadas militares. Sus competencias también pueden estar relacionadas con los elementos derivados de riesgos tecnológicos, tales como los peligros por tratamientos químicos, el peligro por actividad –fuga– nuclear, el escape radiológico y los efectos derivados de los procesos biológicos. Así, la UME también tiene competencias en actuaciones producidas por atentados terroristas o bien actos ilícitos o violentos, incluidos aquellos contra instalaciones críticas, tanto civiles como militares, infraestructuras peligrosas o con mecanismos producidos por agentes nucleares. Por último, los miembros de la UME también colaboran en la lucha contra la contaminación del medio marino –como fue el caso del Prestige, año 2002, en Galicia, aunque en aquel entonces todavía no se había creado– o bien en aquellas otras encomiendas técnicas que se ordene directamente desde la misma Presidencia del Gobierno de España.

El artículo 15 de la Orden ministerial 8/2015, de 21 de enero, del Ministerio de Defensa, subraya que la UME depende orgánicamente del Ministerio de Defensa y de forma operativa del jefe del Estado Mayor de la Defensa –JEMAD–, que es nombrado por el Consejo de Ministros. En relación con su organización funcional y su régimen interno, se puede añadir que la UME recibe instrucciones de planificación y control desde el negociado de la misma Secretaría de Estado de Defensa. Hay que resaltar, en lo que respecta a la competencia sancionadora, que el artículo 29 de la Ley orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, dispone que sea ejercida sobre el personal militar de los miembros de la UME por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, JEMAD. Concretamente, el Estado Mayor de la Defensa –EMAD– es el principal órgano auxiliar de mando del jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Le proporciona los elementos de juicio y técnicos, en su caso, precisos para fundamentar sus decisiones, traducir las respectivas órdenes y velar por su cumplimiento íntegro dentro de la interpretación y profesionalidad del equipo de la Unidad Militar.

4 EFECTIVOS TÉCNICOS DE LA UME Y SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

La UME cuenta en la actualidad con más de 3.600 efectivos establecidos dentro de su plantilla de funcionamiento. Algunas fuentes del Ministerio de Defensa señalan que la cifra supera los 4.000 –soldados, cabos, suboficiales, oficiales y mandos– que están repartidos por las distintas bases logísticas de la Comunidad de Madrid, su cuartel general, León, Sevilla, Zaragoza, Las Palmas –Gando-Telde y Santa Cruz de Tenerife– y, por último, en Valencia. A tal efecto, la estructura organizativa de la UME dispone de un centro de mando principal en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Seguidamente, cuenta con una agrupación de medios aéreos y cinco batallones de apoyo preparados para cualquier intervención procedente de una emergencia. Del mismo modo, la UME, para el cumplimiento de sus misiones, podrá utilizar efectivos y medios de otras unidades de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el procedimiento reglado que establezca el órgano del Estado Mayor de la Defensa.

En la base principal de Madrid, la unidad dispondrá de una compañía de efectivos y estará apoyada por un batallón de transmisiones que tiene su propia dotación de mando y las respectivas compañías de servicios y de puestos superiores fijos y de puestos de mando terrestre desplegables. Se puede decir, en lo que respecta al equipo de emergencias que está ubicado en el mismo cuartel, que contará con compañías destinadas y especializadas en los contenidos de Emergencias Naturales, y la referida dotación estará reforzada por compañías logísticas del destacamento de infraestructuras, adscrito al cuerpo denominado de Ingenieros.

En su sede principal, la UME también alberga un grupo de apoyo técnico en el ámbito del cuerpo de emergencias, que será auxiliado por una brigada especial de intervención, en caso de producirse situaciones de riesgo de carácter tecnológico y de colisión en el ámbito de la contaminación ambiental.

En lo que respecta a la financiación desde su creación, año 2005 y ejercicios posteriores, tanto el Ministerio de Defensa como el Gobierno han dotado las partidas necesarias para dar cobertura a las necesidades operativas y de consolidación de la Unidad Militar de Emergencias. Hay que destacar que, en el año 2006, con una cantidad de novecientos tres millones de euros, la UME compró diecinueve helicópteros de transporte medio y realizó la adquisición de nueve aviones anfibios, modelo comercial, Canadier Cl-215, de fabricación canadiense, mecanizado para la lucha contra los fuegos forestales. Con ello, el número total de aparatos apagafuegos alcanza la cifra de veinte y cada avión en su interior alberga una carga de agua –limpia o bien con retardante– de cerca de seis toneladas, que es lanzada desde el aire, siempre a corta distancia, de forma directa al lugar donde se produce el siniestro; su estrategia de trabajo está considerada por los especialistas forestales como de muy efectiva.

Podemos añadir que la base principal de estos aviones anfibios, pertenecientes al ala del 43 grupo, se encuentra en Madrid, pero cuenta con plataformas logísticas en los lugares de Santiago de Compostela, Pollensa, Salamanca, Albacete, Málaga, Badajoz y Zaragoza. Por razones operativas, pueden utilizar también cualquier aeropuerto de la red civil del ente público AENA, dependiente del Ministerio de Fomento, para realizar sus desplazamientos o bien para sus necesidades instrumentales y de carácter logístico y técnico.

Sin embargo, la función del 43 grupo del Ejército del Aire adscrito al 404 Escuadrón es muy amplia, puesto que actúa en servicios de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en alta mar (SAR) y en las respectivas tareas de colaboración a nivel internacional. Cabe citar la prestación de ayuda en los procesos de extinción de fuegos forestales en los países de Marruecos, Portugal, Grecia, Francia, Chile, Croacia y Italia.

Los medios de la UME están compuestos desde vehículos autobomba, camiones nodriza, aviones, helicópteros, camiones quitanieves, camiones anfibios, centros de mando avanzado, máquinas retroexcavadoras, redes de transmisiones vía satélite, vehículos de transporte tipo oruga y vehículos de comunicaciones móviles, vehículos de carga, equipos médicos, potabilizadoras de agua, equipos de detección y descontaminación de efectos por gases o por activos nucleares, o bien por contaminación de aguas. La unidad también dispone de laboratorios de análisis, autobuses de transporte de pasajeros y medios dotados de barreras anticontaminantes marinas –empleadas por vez primera en la catástrofe ambiental del Prestige– y la logística extensiva de los distintos cuerpos que componen en su conjunto la determinación de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa.

5 RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA UME

Los presupuestos en materia de defensa presentan un cierto estancamiento y una considerable reducción económica. Las partidas económicas de la UME aparecen reducidas y muy ajustadas para realizar un mantenimiento equilibrado dentro de unas infraestructuras militares con un alto coste en su custodia y mantenimiento. Se puede poner el ejemplo del capítulo I, gastos de personal, así como del capítulo VI, que son inversiones en productos de material y en aspectos tecnológicos. Ya en el apartado de formación permanente de los equipos humanos consignada en el capítulo II, de gastos en bienes corrientes y servicios, se observa un reajuste considerable.

Hay que señalar que las FF. AA. necesitan optimizar sus recursos y, a su vez, actualizar y validar sus sistemas de transmisiones y programas de informática como elementos de alta prioridad para las tareas de prestación de una atención útil y eficaz dentro de los trabajos de desarrollo y control de seguridad pública. Aquí, los expertos prevén que cabría la posibilidad de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan aportar alguna financiación adicional al presupuesto del Estado con el fin de sufragar los costes del servicio en el momento en que la UME sea requerida.

En este sentido, el Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus oportunidades, podrá celebrar aquellos conciertos o bien convenios de colaboración o acuerdos técnicos o encomiendas de gestión que coadyuven al mejor funcionamiento de la UME. Ante este mismo objetivo, el Ministerio de Defensa suscribirá con las comunidades autónomas los protocolos sobre la ayuda necesarios para el acceso de los miembros de emergencias a sus redes de alerta y control y del posible acceso al sistema de comunicación digital.

Ahora bien, es necesario explicar que, aunque nos hemos referido a los convenios de carácter público, la normativa vigente –Ley de contratos del sector público– también contempla la colaboración público-privada en varias materias –compra de armamento– con el Ministerio de Defensa para las dotaciones de los productos que utilizan de forma regular las FF. AA. Mientras tanto, el Gobierno también autoriza al Ministerio de Defensa para que establezca, en caso necesario, conciertos con las administraciones públicas, así como con organismos institucionales y empresas colaboradoras con el fin de que pudieran tener relación con situaciones centradas en el modelo de emergencias químicas, nucleares, bacteriológicas y radiactivas que se puedan producir. Se trata de unas reglas que vienen a fortalecer las funciones de defensa y de resguardo civil, en caso de detectarse algún tipo de alerta contra un bien considerado como de importancia pública.

La UME puede utilizar los medios propios o bien instrumentos privados, según dispongan legal y estratégicamente cada uno de los planes que aparecen regulados a través de la norma legal de protección civil y de emergencias, hoy Ley 17/2015, de protección civil. En el asunto de la financiación económica, se debe manifestar que el propio Ministerio de Defensa elaboró un plan de trabajo interno para poder enajenar por parte del Estado el material de las FF. AA. que tenga la calificación de bienes no aptos o que estén afectados por un bajo rendimiento en su usanza diaria, al tener una calificación de “producto inservible debido a su deterioro evidente”. A través de estas ventas de material se podría sufragar una parte –importante– de cada uno de los gastos previstos; por ejemplo, los gastos corrientes –capítulo II–, y en este sentido se podría completar la renovación progresiva de los programas de trabajo que emplean las Unidades Militares de Emergencias. En efecto, la Ley de patrimonio de las administraciones públicas de 2003 entiende que la enajenación de bienes muebles y productos clasificados de defensa y seguridad y que cuenten con afectación por la querencia de las FF. AA. se regirá por su legislación propia especial.

El producto final recaudado como consecuencia de las enajenaciones se ingresará en la Tesorería –cuenta única– de que dispone el Tesoro Público y, a partir de aquí, el proceso será el de revertir el dinero mediante el sistema de transferencia financiera a las partidas –positivas– destinadas al funcionamiento ordinario del Ministerio de Defensa. Expertos como Doncel Paredes, Pareja Centeno, Catalán Armengol y Burgaz Fernández explican y fundamentan que esta vía de financiación también está en vigor en otros países europeos. Sin embargo, sería necesario poner en marcha un mecanismo propio para evaluar y calificar el material inservible del conjunto de las FF. AA. Asimismo, consideramos que el proceso sería abierto y transparente y basado en un sistema transparente de subasta pública.

Ya en el año 2015, el presupuesto de las FF. AA. presentaba una reducción del cinco por ciento en el capítulo VI y su cifra ascendía a 421.269,55 millones de euros. Se trata de uno de los capítulos que sufre mayor reducción de dinero en función de la tendencia registrada, comparativamente, en los presupuestos generales del Estado atribuibles al Ministerio de Defensa de los ejercicios anteriores. Es necesario recordar que las Fuerzas Armadas responden a un concepto de modernización y de innovación de todo su material –técnico y de proyectos de inteligencia, I+D– para afrontar nuevos retos y protocolos de competencias, siempre bajo el principio de protección de los intereses generales y, eso sí, de las características de bienestar y seguridad de la sociedad en su conjunto.

Por cierto, los utensilios de trabajo de la UME tienen que estar plenamente revisados y sus profesionales deben disponer de los conocimientos técnicos precisos para su funcionamiento y rápido manejo, basándose en la aplicación de las técnicas más avanzadas que aparezcan en el mercado con el fin de prestar un mejor servicio.

Las autoridades militares establecen varios compromisos en el proceso del aprendizaje a lo largo de la carrera profesional castrense. Los estudios van desde el nivel uno hasta el nivel tres, que se considera una especialización completa en las funciones a desarrollar por el equipo de trabajo, soldados, oficiales y suboficiales, desde tareas completas de adiestramiento hasta la familiarización con el material y el formulismo empleado en el ejercicio del cometido de procesos de emergencias. En este sentido, las empresas que abastecen –debidamente acreditadas– los equipos técnicos y de comunicaciones del ministerio de Defensa también participan en el asesoramiento y en los métodos de adiestramiento de cada uno de los operadores militares de la UME para que su protagonismo sea mayor en el concurso de la causa común.

6 CONCLUSIONES

Primera. El papel de la UME, Unidad Militar de Emergencias, en el servicio público es una garantía de un Estado social y democrático de derecho que tiene como principio –art. 1.1 CE– la defensa de los valores de la persona y de la sociedad en su conjunto. Ante estos hechos y derechos, la Administración general del Estado decide poner en marcha en el año 2005 un instrumento legal que aporte garantías en las situaciones declaradas de emergencias y de calamidad pública, con riesgo evidente para la población. El Gobierno crea así la UME, como un órgano de carácter instrumental de perfil jurídico propio y con un objetivo de prestación social que tiene entre sus principales cometidos –prioritarios y constitucionales– el de servir en la defensa del interés general. A lo largo de este espacio de tiempo, 12 años, la gestión de la Unidad Militar ha sido brillante, tanto a nivel nacional como en el ámbito de auxilio y cooperación exterior, en países ya citados como Portugal, Francia, México, Perú, Nepal, Honduras, Ecuador, Chile, etc. El éxito de la UME está centrado en la misma organización administrativa y, desde luego, en el ámbito de un aprendizaje permanente del equipo humano, formado por soldados, cabos, oficiales, suboficiales y mandos de la Unidad de Emergencias.

Segunda. Hay que recordar que es necesario preservar la funcionalidad de la UME en el futuro y en el reforzamiento de sus medios en el tiempo actual.

Consideramos que se deben acometer planes de reformas presupuestarias para llevar a cabo el cambio de material de trabajo y establecer los planes de programas económicos equilibrados, a fin de fortalecer nuevos retos que se presenten, tanto en el apartado tecnológico como a la hora de abordar los riesgos de tipología ecológica. El esquema de acción nuclear de la UME, en efecto, es un tema de amplio control técnico –ejercido desde las mismas concesionarias mercantiles hasta la Administración– y de una preparación completa, física y profesional, en el manejo de elementos sensibles, que la UME debe desafiar con una programación plena en las tareas del interés común. Son casi 4.000 miembros del equipo de la UME dedicados a las labores de emergencias que desempeñan sus obligaciones en las bases de Madrid, Las Palmas, Valencia, Zaragoza, León y Sevilla. Por su parte, la UME debería tener una mayor presencia en aquellas comunidades autónomas que por sus singularidades y por sus condiciones orográficas necesitan mayor socorro y auxilio, como Galicia y Cantabria, en temas como gestión por nevadas, o bien en procesos naturales relacionados con los desastres ecológicos procedentes de los incendios forestales o bien por circunstancias climáticas.

La UME también debe ser un ejemplo de referencia educativa dentro del sistema de aprendizaje en las universidades. Cada uno de los eventos formativos superiores debería incluir como materias –optativas– los programas de cooperación y proyectos dedicados a la seguridad pública bajo un principio de capacidad intelectual y como parte de la atención prioritaria a la cooperación en los ejercicios colectivos.

Tercera. No se puede olvidar que la información y el aprendizaje desarrollado en los centros militares tienen su valor social y estratégico. Por ello, el Estado debe seguir apoyando una estructura administrativa y técnica inteligente –UME– para ejercer la defensa de los principios de libertad del Estado social y democrático de derecho y la garantía de los derechos de la población en particular. La UME está siendo un órgano universal del Gobierno que tiene y debe tener una continuidad y desde luego debe contar con apoyo económico-financiero preciso para desarrollar con garantías sus operaciones de protección y de atención de los derechos de los ciudadanos.

La preservación y el cuidado ambiental también es una prioridad en los programas estatales de Seguridad Nacional, puesto que el medio natural –art. 45 CE– es parte del legado de bienestar del conjunto de la sociedad. Los daños ecológicos se han convertido en un reto para los efectivos que componen el cuerpo de la UME y para el conjunto de la ciudadanía.

Unidad Militar de Emergencias (UME): Reflexiones jurídicas sobre la defensa ambiental de España