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El pasado lunes 4 de febrero de 2019 se celebró una jornada de temática más que pionera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago: “El Derecho y los Animales”. Organizada por el Grupo de Investigación De Conflictu Legum, la Fundación Franz Weber y la Facultad de Derecho citada, y dirigida por la abogada Irene Torres Márquez y la profesora Marta Otero Crespo, consiguió reunir en una tarde a media docena de expertos ponentes y a casi un centenar de variadísimo público procedente de todo el territorio peninsular.

La inauguración corrió a cargo de Santiago Álvarez González, director del Grupo De Conflictu Legum; Gumersindo Guinarte Cabada, decano de la Facultad de Derecho; y Marta Otero Crespo, vicedecana de dicha facultad, quienes auguraron lo que sin duda fue una intensa y enriquecedora jornada.

La primera mesa la formó la abogada especialista en Derecho y Animales Anna Mulà Arribas, quien además es asesora jurídica de la Fundación Franz Weber. En su ponencia “Defensa de los animales en el Derecho: antecedentes, actualidad y retos”, abordó los inicios de la protección jurídica de los animales –destacando la primera sentencia de condena por matar a un perro, de 1870 en EE. UU., en la que el abogado George Graham acuñó la frase “El perro es el mejor amigo del hombre”–. Además, señaló los enfoques ideológicos que inciden en la legislación y en las políticas públicas: el que atiende al bienestar de los animales y el que se centra en los derechos de los animales. En esta línea mencionó la Proposición no de Ley sobre la empatía hacia los animales entre los contenidos educativos en la enseñanza obligatoria (BOE de 14 de noviembre de 2017), que pretende aumentar el respeto de los menores hacia los animales como herramienta de prevención de actitudes violentas y acoso escolar; y la Proposición de Ley de modificación del Código civil, la Ley hipotecaria y la Ley de enjuiciamiento civil, sobre el régimen jurídico de los animales. Terminó cuestionándose si no sería necesaria una ley marco estatal de protección de los animales que garantizase un similar tratamiento de esta materia por parte de las comunidades autónomas.

A continuación, la fundadora del despacho ANIMALEX y asesora jurídica de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, CoPPA, María González Lacabex, habló sobre el vínculo de violencia que existe entre el maltrato animal y la violencia interpersonal. Así, los estudios sobre este tema ponen de relieve datos como que el 70% de las mujeres maltratadas que poseen animales declararon que su pareja había también amenazado, causado daño o matado al animal de la familia. O cómo una persona que maltrata a animales presenta cinco veces más posibilidades de cometer un asesinato, homicidio o violación. Además, la abogada señaló todos los artículos que en el Código penal se refieren de alguna manera a esta vinculación entre violencia hacia las personas y hacia los animales: así, por ejemplo, cuando se considera como circunstancia agravante que la violencia ejercida contra los animales se haga delante de menores; o cuando se prohíbe la entrada de menores en determinados espectáculos con animales.

Tras un breve debate con los asistentes, se dio paso a la segunda mesa, formada por María Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil, y Pilar de Lara Cifuentes, magistrada titular del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Lugo. La primera, en su condición de miembro de la sección primera de la Comisión de Codificación, ilustró sobre la posible reforma del Código civil relativa al régimen jurídico de los animales, con la que se pretende crear una categoría específica que los defina como seres vivos dotados de sensibilidad. La Proposición de Ley sobre el régimen jurídico de los animales, en la que trabajó durante los últimos años la citada Comisión de Codificación, se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Sintéticamente, la propuesta de reforma del Código civil en esta materia trata de seguir las líneas marcadas por otros ordenamientos jurídicos vecinos que ya han modificado sus respectivos códigos reconociendo que los animales son seres vivos y sintientes. Por eso, se propone la modificación del artículo 333 CC para que establezca que los animales tienen una naturaleza distinta a la de las cosas o bienes, pues son seres dotados de sensibilidad. En consonancia con ello, se modifican otros artículos del CC relativos, por ejemplo, al hallazgo, a la responsabilidad por daños y vicios ocultos, o a la custodia de los animales en casos de crisis matrimoniales. En definitiva, lo que se pretende es que de forma progresiva se vayan implantando normas destinadas especialmente a regular las relaciones jurídicas en las que puedan estar implicados animales, a la vez que progresivamente se vaya restringiendo la aplicación supletoria del régimen jurídico de las cosas a estas situaciones.

Por su parte, la magistrada Pilar de Lara puso el foco en el panorama actual de la protección penal de los animales, denunciando la disparidad de criterios que sigue existiendo en los diferentes juzgados a la hora de aplicar unas leyes que o bien son ambiguas, o bien nada dicen sobre cómo proteger a los animales de conductas de maltrato. Proporcionó datos sobre el incremento en la incoación de procedimientos en los que se observan conductas de maltrato animal, pero en los que tristemente no se ve un aumento de las sentencias condenatorias. Reclamó la necesidad de un cuerpo especializado de veterinarios forenses, expertos que puedan establecer cuándo estamos o no ante un menoscabo grave, o cuándo se produce la inutilidad o pérdida de un miembro de un animal. Además, expuso varias propuestas de reformas que el Código penal podría acometer para facilitar la persecución de las conductas de maltrato animal, como, por ejemplo, suprimir términos ambiguos –“crueldad”, “menoscabo grave”– por criterios más objetivos, o simplificar tipos penales a semejanza de los delitos contra las personas, o, en fin, incluir a las personas jurídicas como responsables criminales de estos delitos. Por último, insistió en que estamos ante delitos públicos que todos podemos denunciar.

De nuevo hubo tiempo para el debate entre las conferenciantes y los asistentes, preguntándose estos, entre otras cosas, qué hacer en caso de que las autoridades competentes para la persecución de dichos delitos no se hagan cargo de la denuncia; o sobre el actual sistema de reparto de competencias en materia de protección animal entre Estado y comunidades autónomas.

La tercera y última mesa la formaron Enrique Alonso García, consejero permanente de Estado, e Irene Torres Márquez, abogada especialista en Derecho y Animales y codirectora (y “alma”) de esta jornada. El primero tomó como ejemplo el caballo en Galicia para evaluar el statu quo de la legislación de bienestar animal, haciendo un barrido por diversas sentencias del Tribunal Constitucional referidas a los equinos –por ejemplo, las SSTC 85/2008 y 58/2915–, así como a la agenda europea en materia de protección animal. Sobre esta última, comentó que se está considerando la posibilidad de suavizar las normas de acceso de la carne de caballo a las cadenas alimentarias, que se empieza a regular la equinoterapia, o que se están estudiando las consecuencias del cambio climático en el ganado.

Por último, Irene Torres, también en su condición de asesora jurídica de la Fundación Franz Weber, analizó la Ley 4/2017 de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia, destacando que, si bien se ha logrado una mayor concienciación social sobre la protección animal, sigue estando pendiente un reglamento que la desarrolle y todavía quedan muchos aspectos por mejorar. La abogada insistió en que no llega con prohibir los sacrificios en centros de acogida, sino que es necesario empezar desde abajo y hacer políticas públicas paralelas de prevención y cuidado. Por lo de pronto, la ley citada prohíbe, por ejemplo, que haya animales salvajes en circos, que se exhiban en escaparates, que se lleven a cabo mutilaciones de rabos y orejas, o que se transporte a los animales sin ventilación. Asimismo, la abogada denunció, entre otras cosas, que actualmente sigue habiendo multitud de anuncios en internet donde se venden masivamente animales, cuando la cría de animales debe ser solo en establecimientos autorizados; también destacó la enorme falta de centros de acogida de animales, siendo las asociaciones las que cargan con casi todo el peso en este ámbito.

Los asistentes, muchos de ellos provenientes de diversas asociaciones de protección y acogida animal, tuvieron tiempo de debatir algunas cuestiones más con los expertos allí presentes, corroborándose la intuición de los que habían inaugurado la jornada: los temas a tratar eran tantos que daban para, como mínimo, un curso sobre derecho y animales. En definitiva, y como bien dijo la última ponente, si desde la infancia se cultiva el respeto y la sensibilidad hacia los animales, seguramente en unos años consigamos mejorar y revertir el panorama actual, en el que el maltrato animal está, desgraciadamente, bastante generalizado. Por ello, esperamos que jornadas como esta pongan un granito de arena en la consecución de este fin.

Crónica de la jornada “El Derecho y los Animales”