Juan_Marquina

REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP)
Núm. 57 (enero-junio 2019)
Sección: Notas
DOI https://doi.org/10.36402/regap.v1i57

As políticas de fomento das administracións públicas ante a despoboación e o reto demográfico. Especial referencia á Administración local

Las políticas de fomento de las administraciones públicas ante la despoblación y el reto demográfico. Especial referencia a la Administración local1

Development policies that are being carried out from out public administrations, in particular those related to local entities

Juan Marquina Fuentes

Vicesecretario general de la Diputación Provincial de Ourense

Secretario del Consorcio Provincial de Ourense para la Prestación del Servicio contra Incendios y Salvamento

juanmarquina@depourense.es

Recibido: 03/07/2019 | Aceptado: 18/07/2019
DOI: https://doi.org/10.36402/regap.v1i57.31

Resumo: Esta nota pretende difundir algunhas das políticas de fomento que se están a levar a cabo desde as nosas administracións públicas, con referencia especial ás entidades locais, para facer fronte á despoboación e á crise demográfica, que afecta a determinadas zonas do noso país. Formulado o debate nos ditos termos, exporanse algunhas das políticas de fomento máis relevantes e realizarase unha valoración destas, finalizando cunha breve reflexión sobre o estado actual desta cuestión, que pode cualificarse xa como un auténtico reto para as pequenas e medianas entidades locais, e para moitas das deputacións provinciais.

Palabras clave: Despoboación, reto demográfico, rural, Administración local.

Resumen: Esta nota pretende difundir algunas de las políticas de fomento que se están llevando a cabo desde nuestras administraciones públicas, con referencia especial a las entidades locales, para hacer frente a la despoblación y a la crisis demográfica, que afecta a determinadas zonas de nuestro país. Planteado el debate en dichos términos, se expondrán algunas de las políticas de fomento más relevantes y se realizará una valoración de las mismas, finalizando con una breve reflexión sobre el estado actual de esta cuestión, que puede calificarse ya como un auténtico reto para las pequeñas y medianas entidades locales, y para muchas de las diputaciones provinciales.

Palabras clave: Despoblación, reto demográfico, rural, Administración local.

Abstract: The present note intends to disclose some of the development policies that are being carried out from out public administrations, in particular those related to local entities, to fight against depopulation and demographic crisis affecting certain areas of our country. Being this the situation, the most relevant development policies shall be proposed and analysed, ending with a brief consideration about the current situation, which can be already be classified as a true challenge for small- and middle-sized entities and many provincial councils.

Key words: Depopulation, demographic challenge, rural, local Administration.

Sumario: 1 La política de fomento y el régimen jurídico de las subvenciones en las entidades locales. 2 Las administraciones públicas ante la despoblación y el reto demográfico. 3 Políticas de fomento en las entidades locales contra la despoblación y el reto demográfico: ejemplos. 4 Conclusiones.

1 La política de fomento y el régimen jurídico de las subvenciones en las entidades locales

En el plano teórico, y dentro de la tradicional clasificación tripartita que hacía el profesor Jordana de Pozas de la actuación administrativa, a saber, actividad de servicio público, de policía o de fomento, esta última era definida como “la acción de la Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidas a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos”.

Dentro de esta actividad de fomento y, a su vez, dentro de los instrumentos de carácter económico para materializar dicha actividad, la figura de la “subvención pública” es seguramente la más común y relevante.

En el ámbito de un estado política y administrativamente descentralizado como el nuestro, la ordenación de un régimen jurídico común en la relación subvencional constituye una finalidad nuclear que se inspira directamente en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución española, a cuyo tenor el Estado tiene la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y sobre el procedimiento administrativo común, todo ello sin perjuicio de las competencias de autogobierno que poseen las comunidades autónomas y de la autonomía local, constitucionalmente garantizada (por todas SSTC 4/1981, 32/1981, 214/1989 o 111/2016 y SSTS 20.01.2005, 26.07.2006 o 14.11.2016).

Sin ánimo de ser exhaustivos, debemos citar como principales normas estatales reguladoras del régimen jurídico de la actividad subvencional de nuestras entidades locales la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones; la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; el Real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales; y el Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de servicios de las corporaciones locales2.

En la Comunidad Autónoma de Galicia debemos igualmente citar la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia, que integra dentro de su ámbito de aplicación expresamente las entidades locales de Galicia, incluidos los organismos y entes dependientes de estas. No sucede lo mismo con el Decreto 11/2009, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley autonómica, que indica expresamente que sus disposiciones no son de aplicación a las entidades locales (en adelante, EELL) de Galicia y a los organismos y a las entidades vinculadas o dependientes de ellas. Completaría el marco jurídico autonómico el Decreto 193/2011, si bien este tiene como objeto simplificar el procedimiento de concesión de subvenciones a las entidades locales gallegas, unificando los procedimientos de concesión, gestión y justificación de las subvenciones, es decir, se aplica a las EELL gallegas cuando son beneficiarias y no cuando son la Administración concedente.

Dentro de la potestad reglamentaria o de autoorganización que las EELL tienen reconocida por el artículo 4 de la Ley reguladora de las bases de régimen local, encaja la previsión del artículo 17.2 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, y que establece que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

En la definición legal de “subvención”, recogida tanto en la ley estatal como en la autonómica, se describe esta figura como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos del artículo 3 (donde se incluyen las EELL y sus organismos dependientes), a favor de personas públicas o privadas, cuando cumpla los siguientes requisitos: que la entrega se realice sin contraprestación, esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, ejecución de un proyecto, realización de una actividad, adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por realizar, o la concurrencia de una situación, el beneficiario cumpla las obligaciones fijadas y su objeto sea el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o promoción de un fin público.

Vemos, pues, que se configura como un acto de disposición y traslativo de dominio, y cuyo acto de concesión puede ser unilateral (resolución o acuerdo administrativo) o bilateral (convenio de colaboración), sin que ello altere la naturaleza de la subvención.

Volviendo a la clasificación tripartita inicial de la actividad administrativa, la actividad de fomento es quizás la que mayor componente de discrecionalidad tiene en cuanto a su objeto. No queremos decir con esto que las administraciones públicas (en adelante, AAPP) en general, y las EELL en particular, puedan otorgar subvenciones de forma arbitraria o discrecional. Al contrario, los gobiernos locales, con total respeto a los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa indicada, y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, pueden, en función de criterios de estricta “oportunidad”, decidir qué actividades de utilidad pública o interés social o qué promoción de qué fin público quieren fomentar.

En otras palabras, dentro de sus respectivas competencias, las EELL deciden qué política o políticas de fomento quieren realizar en cada momento (fomento del deporte, fomento de la cultura o contra la violencia, por ejemplo), ponderando siempre los conceptos de “utilidad pública”, “interés social” y/o “interés general”, y previa planificación a través del preceptivo Plan Estratégico de Subvenciones3.

2 Las administraciones públicas ante la despoblación y el reto demográfico

En los últimos años los diferentes gobiernos de nuestro país, en sus distintos niveles, parece que por fin están asumiendo como un auténtico reto el análisis y la búsqueda de soluciones para dos problemas que, en nuestra opinión, son dos caras de la misma moneda, a saber, la regresión demográfica y la despoblación del medio rural.

En el ámbito del Gobierno de España, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, surgida de un acuerdo adoptado en la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el 17 de enero de 2017, asume el compromiso de elaborar una estrategia de naturaleza global y transversal que trate de dar una respuesta conjunta y de futuro a los tres grandes desafíos demográficos detectados: el progresivo envejecimiento poblacional, el despoblamiento territorial y los efectos de la población flotante.

Dicha estrategia reconoce y asume, como no puede ser de otra forma, que su elaboración ha de realizarse con la colaboración y cooperación de comunidades autónomas y entidades locales.

Así, recientemente, en marzo de 2019, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo sobre las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Dichas directrices plantean una estrategia de carácter global y transversal, desde una perspectiva multidisciplinar y con la participación de todos los departamentos a través del trabajo de un grupo interministerial, incorporando una perspectiva demográfica en el análisis de las actuaciones sectoriales.

Todos los ministerios incorporan a las directrices de la estrategia más de 80 medidas, referidas a jóvenes, mujeres, atención a la población rural, emprendedores, turismo, implantación de la Administración en el territorio o actividad económica.

Estas directrices establecen una serie de objetivos transversales, que podemos sintetizar de la siguiente forma:

- Garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio.

- Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio.

- Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión.

- Avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos.

- Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos.

- Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado.

- Alinear las líneas de acción y los propósitos de la estrategia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

El trabajo realizado desde el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico para la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico se ha guiado por el cumplimiento del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, tanto en el objeto del acuerdo como en su metodología de trabajo y contenido.

En su metodología, la elaboración de la estrategia se ha realizado con la colaboración de las comunidades autónomas, ciudades con estatuto de autonomía y entidades locales. Por ello, se constituyó en septiembre de 2018 un grupo institucional con comunidades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. Asimismo, se constituyó el grupo de trabajo específico sobre Reto Demográfico en el marco de la Comisión Nacional de Administración Local, que abre una interlocución directa con representantes de ayuntamientos y de diputaciones provinciales.

Paralelamente, la Comisión de despoblación constituida en el seno de la FEMP elaboró y publicó en abril de 2017 un Documento de Acción, comprensivo de un listado de medidas para luchar contra la despoblación en España. Dicho documento recoge los datos de un informe anterior emitido por la propia FEMP («Población y despoblación en España 2016»)4, el cual revela que la mitad de todos los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción; en 14 provincias españolas, más del 80 % de todos sus municipios no pasan de 1.000 habitantes; en apenas década y media, 358 municipios han pasado a engrosar la lista de localidades que no superan los 100 empadronados (ya son un total de 1.286 municipios en esta situación); y durante el último año certificado por el INE, 36 provincias han perdido población por una dinámica de regresión demográfica que sigue cebándose mayoritariamente en las áreas rurales.

Dicho documento de propuestas elaborado en el seno de la FEMP es fruto de meses de debate y análisis dentro de la Comisión de Despoblación, y se considera que debe ser un punto de partida para la interlocución con el Gobierno, las comunidades autónomas y la sociedad civil, e incide en que municipios y diputaciones provinciales deben ser partícipes directos en la estrategia estatal para la lucha contra la regresión demográfica y, en particular y muy especialmente, para frenar el fenómeno de la despoblación del medio rural.

Ese documento contiene, estructurado por áreas, un listado de 80 medidas prácticas para frenar el desierto demográfico que amenaza a media España, 2 de ellas en el plano de organización institucional para implicar de forma coordinada a todas las administraciones públicas a las que incumbe poner en práctica las acciones previstas; y 78 medidas específicas, agrupadas en seis líneas estratégicas: economía y empleo; servicios públicos y sociales; infraestructuras; comunicaciones y transporte; medidas en materia de vivienda; incentivos demográficos; y medidas de apoyo al medio rural en materia de cultura, identidad y comunicación.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, por el Decreto 104/2016, de 28 de julio, se creó y se reguló el Observatorio Gallego de Dinamización Demográfica (DOG n. 152, de 11 de agosto de 2016), el cual se configura como un órgano colegiado de asesoramiento, colaboración institucional y participación social en materia de demografía, adscrito a la consellería competente en materia de bienestar social. En su composición se prevé la presencia, como vocal, de una persona en representación de la FEGAMP.

A principios de este año 2019 se realizaron los primeros trámites de lo que será, si hay mayoría suficiente en el Parlamento de Galicia, la futura ley de impulso demográfico de Galicia. En esta línea, el reciente Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia, de 27 de junio de 2019, acordó autorizar el inicio de la tramitación del anteproyecto de la que se denominará Ley de apoyo a la natalidad e impulso demográfico de Galicia. Partiendo del análisis recogido en el Informe Galicia: perspectivas demográficas, realizado en el seno del Observatorio Gallego de Dinamización Demográfica, el texto propuesto, como explica la nota publicada al respecto por la Xunta de Galicia, nace con vocación de consenso y permanencia, y responde al objetivo común de hacer de Galicia un mejor lugar para formar una familia.

Próximamente, dicha ley autonómica se someterá al trámite de exposición pública antes de remitirse al Parlamento a lo largo del segundo período de sesiones. Los principios y medidas que prevé se dividen en ocho bloques, relacionados con distintas áreas de intervención: la organización y coordinación de las administraciones públicas, los criterios generales de actuación, medidas de apoyo a las familias, fomento de la conciliación, apoyo a la juventud, impulso del retorno de los gallegos en el exterior y atracción de nueva población, equilibrio territorial y envejecimiento activo.

Sin ánimo de ser exhaustivos, sí nos gustaría destacar del anteproyecto, por su relación con la Administración local, las previsiones referidas a la puesta en marcha de la Comisión de Impulso Demográfico entre la Xunta, ayuntamientos y diputaciones, la imposición a las administraciones públicas de que tengan en cuenta el envejecimiento y desequilibrio de género de la población en medio rural y costero no urbano en el diseño de las políticas y los servicios públicos, o la redacción y aprobación, en un plazo máximo de un año desde su aprobación, de una estrategia de impulso demográfico hecha en coordinación con los ayuntamientos.

Por último, debemos tener presente que a principios de este año 2019 y en el ámbito de la UE, el Parlamento Europeo ha aprobado el informe que fija su posición sobre el nuevo Reglamento del FEDER y del Fondo de Cohesión, y cuyo texto avala que las regiones afectadas por desafíos demográficos reciban más fondos europeos para afrontarlos. De este modo, la Comisión de Desarrollo Regional ha acordado establecer una partida específica del 5 % de los fondos FEDER en cada Estado para zonas en crisis demográfica.

3 Políticas de fomento en las entidades locales contra la despoblación y el reto demográfico: ejemplos

Como señala el Documento de Acción elaborado en el seno de la FEMP anteriormente citado, municipios y diputaciones provinciales deben ser partícipes directos en la estrategia estatal para la lucha contra la regresión demográfica y, en particular y muy especialmente, para frenar el fenómeno de la despoblación del medio rural.

En los últimos años, algunas de las EELL que integran la Administración local ya han hecho uso de sus fondos propios, o de fondos comunitarios, para implementar algunas políticas públicas de fomento, tendentes a luchar contra la despoblación y el reto demográfico.

En esta línea, y con la financiación lograda por algunas diputaciones y ayuntamientos a través de Fondo Social Europeo, a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se han empezado a ejecutar proyectos destinados a las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, con el objetivo de contribuir a mitigar el problema de despoblación de las zonas rurales y lograr fijar la población joven en los municipios con menor número de habitantes (Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo, ayudas EMP-POEJ, siendo beneficiarias en el año 2018, entre otras, las diputaciones de Granada, Ourense o Albacete, o los ayuntamientos de Aín en la provincia de Castellón, Alcalá de Guadaíra en la provincia de Sevilla o Los Realejos en Tenerife).

Igualmente, cada vez son más las EELL que establecen líneas de ayudas económicas por nacimiento o adopción de hijos o hijas, o por el fomento de la natalidad en general, con diferentes umbrales, importes y requisitos con el margen que les permite su autonomía local y potestad de autoorganización. Entre estas, podemos citar las de las diputaciones de Palencia, Málaga, Soria, Ourense o Zamora, o las de los ayuntamientos de Valencia de Don Juan (León), Boborás (Ourense), Campezo (Álava), La Bañeza (Zamora) o Venta de Baños (Palencia).

Como ejemplos de proyectos más integrales y ambiciosos podemos citar, entre otros, los emprendidos por la Diputación de Zaragoza, con convocatorias de subvenciones para las pymes, autónomos, asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales y sindicales para luchar contra la despoblación, a través del apoyo a proyectos relacionados con la agricultura, la actividad hostelera, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el turismo activo, el transporte, la agroindustria, etc.

Otro ejemplo lo tenemos en el Programa Repoblem de la Diputación de Castellón, cuyo objetivo es combatir la despoblación en los entornos rurales de la provincia, y que comprende líneas de trabajo como ayudas a la natalidad, las unidades de respiro familiar de apoyo a la conciliación laboral y familiar o el servicio de transporte rural, o la implantación en municipios rurales de tiendas multiservicio.

Por su parte, la Diputación de Cáceres tiene en marcha una serie de ayudas al reto demográfico, como son el Plan Activa, para el empleo, infraestructuras, gasto corriente, cultura, deporte, o los proyectos Diputación Desarrolla, Diputación Emprende y Diputación Rehabilita, con los objetivos de generar empleo y fijar población.

En una línea similar, la Diputación de Segovia viene desarrollando iniciativas dirigidas a luchar contra la despoblación, implantando un amplio programa de servicios claves para mantener población y facilitando la integración y la adaptación de nuevas iniciativas al territorio, planteándose como reto hacer de la provincia un referente de la calidad de vida, fomentando un desarrollo sostenible que conlleve la generación de empleo de calidad y permita fijar población y mejorar la situación de jóvenes y mujeres en el territorio.

Otro supuesto es el de la Diputación de Ourense, que en este año 2019 ha comenzado a implantar en las convocatorias y bases reguladoras de sus programas de cooperación con los ayuntamientos el criterio de la perspectiva de reto demográfico, clasificando los ayuntamientos en grados en función de su inclusión o no en área urbana, su población, su pérdida o incremento de población, su densidad y tasa de natalidad, y actuando dichos grados como ponderadores de las ayudas concedidas en programas relativos a la prestación de servicios sociales, atención a la infancia, fomento de la natalidad o fomento del empleo.

Cerrando el capítulo de las diputaciones provinciales, merece igualmente mención la línea de ayudas de la Diputación de Cuenca para la puesta en marcha de casas nido dedicadas a la atención de niños y niñas de hasta tres años en municipios inferiores a 20.000 habitantes, que buscan apoyar la conciliación de la vida familiar, laboral y social, así como el fomento de las fórmulas del autoempleo y de economía social.

En el ámbito municipal, es evidente que las iniciativas han sido menores, tanto en cuantía como en alcance, cuestión lógica si partimos del razonamiento de que los ayuntamientos que sufren pérdida de población suelen ser los de menos recursos.

Así, la mayoría de líneas de fomento se reducen a las ya citadas de fomento de natalidad, si bien existen otras experiencias en ayudas a la adquisición o rehabilitación de viviendas, a la conciliación familiar, al empleo o al emprendimiento.

Sin perjuicio de lo indicado, debemos citar el Plan estratégico contra la despoblación 2019-2022 del Ayuntamiento de San Esteban del Valle (Ávila), cuyo objetivo general es reducir la pérdida de población a través de la mejora del bienestar y las condiciones de vida de sus habitantes y el fomento de la participación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones, promoviendo el desarrollo agropecuario sostenible, la producción agropecuaria ecológica y de calidad y la comercialización de los productos locales.

En una línea similar se sitúa el Plan estratégico de lucha contra la despoblación del Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid), que tiene como principales líneas de actuación seis aspectos: la actividad económica, la vivienda, la mejora de los equipamientos y servicios básicos del entorno, la movilidad teniendo en cuenta la situación estratégica de la localidad con respecto a la capital y la puesta en valor del empadronamiento en el municipio de residencia.

Una última mención, por su carácter innovador, merece la iniciativa de los ayuntamientos sorianos de Valdeavellano y El Hueco, que han promovido un proyecto para crear el primer ecosistema europeo tecnosocial enfocado a la lucha contra la despoblación, y cuya intención es convertir Espacio Valdeavellano en dinamizador de la comarca, potenciando este centro como referente nacional e internacional en nuevas tecnologías, con la vista puesta en la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida en el medio rural y manteniendo siempre el enfoque en el reto de frenar la despoblación.

4 Conclusiones

Del panorama anteriormente expuesto podemos extraer una serie de cuestiones a modo de conclusión.

La primera, y seguramente la principal, es que parece que por fin los gobiernos, en sus distintos niveles, han tomado conciencia de la importancia de promover políticas públicas que intenten hacer frente al fenómeno de la regresión demográfica (reto demográfico) y la despoblación de determinadas zonas, especialmente las rurales.

Ya se habla con claridad, en los diferentes foros políticos y sociales, del llamado “vaciamiento” de una parte del territorio español, y que puede traer como efecto el de un grave problema de desequilibrio socio-territorial y económico, y cuyos principales síntomas reconocidos son los del descenso generalizado de la natalidad, la pérdida continuada de población, la baja densidad en zonas rurales y las aglomeraciones en las zonas urbanas, y el envejecimiento de la población.

Podemos afirmar ya, sin miedo a equivocarnos, que existe un consenso casi generalizado en la incorporación del impacto demográfico en la elaboración de la mayor parte de las políticas públicas, y en que se hace necesario que desde todos los gobiernos se adopten medidas tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio. En este punto, es evidente que frente a este reto las entidades que integran la Administración local tienen mucho que aportar y mucho que decir, sin perder de vista que es fundamental la colaboración y la coordinación de todas las administraciones públicas.

Como hemos expuesto, muchas de nuestras EELL ya se han puesto manos a la obra, si bien se nos antoja que las medidas hasta ahora implementadas son residuales y de poco calado, salvo excepciones. En todo caso, parece que ya no hay vuelta atrás y que el camino ya se ha iniciado, y tanto el Estado como las comunidades autónomas afectadas van en la misma línea.

En los próximos años podremos comprobar si las políticas que hoy se planifican obtienen los resultados deseados, y si el despoblamiento y la regresión demográfica que hoy parecen fenómenos imparables pueden, al menos, minimizarse.

Se hace necesario, en nuestra opinión, que las entidades locales afectadas vean incrementada su financiación para adoptar este tipo de políticas, que deben ir dirigidas a intentar atajar la raíz del problema y a intentar garantizar que la elección del lugar y el modo de vida de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes, no se vea condicionada por la situación geográfica, o, al menos, en la menor medida posible.

Y es que no debemos olvidar que la mayoría de nuestros abuelos y de nuestros padres, y en muchos casos nosotros mismos, venimos de pequeñas poblaciones, y que los enclaves rurales y las concentraciones urbanas son dos realidades que se retroalimentan y que no se entiende la una sin la otra.

Fuentes consultadas

http://www.mptfp.es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional.html

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/290319-enlace-reto.aspx

https://www.xunta.gal/hemeroteca/-/nova/063699/xunta-paso-mais-reto-demografico-coa-constitucion-observatorio-galego

http://www.parlamentodegalicia.es/

https://transparencia.xunta.gal/portada

http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/documento_de_accion_comision_de_despoblacion_9-05-17.pdf

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https://www.elhueco.org/tag/valdeavellano-de-tera/