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ORTIZ ESPEJO, D.: Guía práctica para la interposición del recurso especial en materia de contratación, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, 349 pp. ISBN: 978-84-9090-410-7.

La monografía objeto de comentario es de la autoría individual de D. Daniel Ortiz Espejo, doctor en Derecho y profesor asociado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), al mismo tiempo que abogado en ejercicio, que desarrolla su actividad especialmente en el marco del derecho administrativo y financiero. El autor presenta, a la vista de su trayectoria profesional, un perfil académico y, a la vez, práctico, y justamente en esa línea de conjunción entre la investigación y la praxis se encuentra elaborada la obra en cuestión, de singular utilidad.

Para contextualizar este trabajo o hacer una composición de lugar acerca de él, hemos de señalar que toma como eje central la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014\23\UE y 2014\24\UE, de 26 de febrero de 2014, que han conllevado relevantes novedades en lo que atañe al régimen jurídico de la contratación pública. En síntesis, podemos indicar que nos hallamos ante un recurso gratuito para las personas que decidan hacer uso de tal instrumento, cuya interposición es potestativa, de modo que el/la recurrente puede escoger entre presentar este o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa1, ya que contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante este recurso especial no cabe la interposición de recursos ordinarios (de alzada o reposición). En definitiva, este recurso supone un mecanismo, a disposición de los licitadores, para controlar que la actuación administrativa se ajuste a la legalidad y, más en particular, a la observancia de las previsiones y exigencias establecidas en la mencionada LCSP.

En cuanto al diseño y contenido del trabajo, debemos señalar que, tras la compilación de abreviaturas utilizadas a lo largo de él y de las consideraciones efectuadas a modo de introducción, se encuentra estructurado en cinco capítulos perfecta y estratégicamente organizados. Al final incluye, en epígrafes separados, una guía de formularios tipo y un decálogo para la preparación de un recurso especial en materia de contratación. Asimismo, recoge el conjunto de resoluciones citadas, el glosario de términos de contratación pública y las referencias bibliográficas empleadas como apoyo y soporte para la redacción de la obra, además de un directorio con información práctica de los tribunales administrativos de contratación. En suma, se trata de una obra completa, que toca todos los aspectos de enjundia e interés teórico y práctico relativos al recurso especial en materia de contratación.

Adentrándonos ya en el contenido de cada capítulo, hemos de reseñar que el primero de ellos se titula “Aproximación al recurso especial en materia de contratación”. Este capítulo posee un corte preliminar o introductorio, que comienza abordando los antecedentes existentes en relación con este particular tema objeto de estudio, para proseguir con el análisis de los motivos que justifican este recurso especial, su incorporación y regulación en nuestro ordenamiento. En este contexto, se examina también la naturaleza jurídica y las características que reviste el referido recurso, amén de la delimitación de su ámbito de aplicación (que se ha visto ampliado por la nueva Ley de contratos del sector público), tanto subjetivo como objetivo.

El segundo capítulo se centra en los “Aspectos orgánicos de los tribunales administrativos (TACRC, tribunales autonómicos, provinciales y municipales)”. Aquí, tras realizar un planteamiento de cuestiones previas, se dedican dos epígrafes individualizados a examinar las particularidades del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los tribunales autonómicos de contratación pública. Acto seguido, se profundiza en el estudio de los órganos competentes para la resolución del recurso especial en materia de contratación en las entidades locales, poniendo lógicamente el acento, por un lado, en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y, por otro lado, en los tribunales propios de las diputaciones provinciales y municipales, punto en relación con el cual se resaltan los problemas sobre la determinación de la competencia. Como cierre del capítulo, se analiza el Estatuto de los miembros, desgranando el significado y alcance de la independencia del órgano, la competencia para el nombramiento, los requisitos de los miembros, su inamovilidad y la duración del mandato.

Por su parte, el tercer capítulo abunda en los aspectos procedimentales del recurso especial en materia de contratación, siendo esta, quizás, a nuestro juicio, la parte más práctica de la obra, de singular utilidad para profesionales de la abogacía, toda vez que, además de examinar en detalle los fundamentos jurídicos relativos a las partes, su capacidad, representación y legitimación, desarrolla todos los aspectos clave de las distintas fases en las que se compone este recurso especial, esto es, la interposición, tramitación (con instrucción, remisión del expediente y prueba) y resolución. Se marcan aquí, de un modo ilustrativo, didáctico y riguroso, las pautas relativas a la forma, lugar, efectos y plazos de interposición, aludiendo además a la posibilidad de solicitar y adoptar medidas cautelares, las causas de inadmisión y los supuestos de acumulación. En relación con la resolución, se tratan aspectos concernientes al plazo máximo para resolver, a las formas anormales de terminación anticipada (desistimiento, extinción por imposibilidad y allanamiento), a las aclaraciones sobre el recurso, a la indemnización de daños y perjuicios, a la fijación de garantías y a su devolución, amén de a la ejecución de las resoluciones y a la revisión de las decisiones de los tribunales. Refleja aquí el autor un pleno dominio de las figuras e institutos procesales, así como de los conceptos propios del derecho administrativo.

El capítulo cuarto, que lleva por título “El régimen de invalidez de los contratos administrativos”, se inicia con la realización de una aproximación a los cambios y novedades introducidos por la LCSP, para ahondar seguidamente en el régimen de invalidez de los contratos administrativos, examinando con detalle los supuestos de invalidez, las causas de nulidad, las cuales se distinguen de las causas de anulabilidad, la revisión de oficio y la invalidez en el derecho civil.

Por último, el capítulo V recopila, a modo de guía, la principal doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales. Con ello se pretende sistematizar la ingente y variada casuística que continuamente se plantea respecto de la resolución de los recursos especiales en materia de contratación. Se clasifica así la doctrina existente y que en muchos aspectos es cambiante, por bloques temáticos, fundamentalmente atinentes a los pliegos de contratación, al procedimiento de licitación, a la admisión de ofertas, a la exclusión de licitadores, a la adjudicación y a los criterios de valoración, al margen de otras cuestiones que también pueden suscitarse en el marco de la resolución de esta clase de recurso especial. Sin lugar a dudas, este apartado en particular facilita notoriamente el estudio de la temática a los operadores jurídicos que necesiten empaparse de la regulación, funcionamiento y efectos de este recurso en la práctica.

Llegados a este punto y una vez que hemos reflejado sintéticamente el contenido global de esta obra, como broche o cierre a esta recensión, no podemos hacer otra cosa más que recomendar su lectura, de contenido no solo académico e investigador, sino también práctico (como su propio título ya pronostica) y rica en el manejo de fuentes bibliográficas por su autor. En efecto, la obra, que resulta notablemente amena, se presenta apta y de sumo interés para todos los operadores jurídicos, al tratar un tema que cada día se encuentra más en boga en el marco del derecho administrativo y del funcionamiento práctico de la Administración pública y, por consiguiente, de nuestro Estado, y que suscita –y continuará suscitando– desafíos, polémicas y controversias.

1 No obstante, ha de precisarse que, si se opta por interponer dicho recurso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto de manera expresa o se haya producido su desestimación presunta (por silencio administrativo).