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GUICHOT, E. y BARRERO RODRÍGUEZ, C.: El derecho de acceso a la información pública, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, 872 pp. ISBN: 978-84-1378-234-8.

Este libro expone el fruto de las investigaciones que han realizado los catedráticos en Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Emilio Guichot Reina y Concepción Barrero Rodríguez. Los autores, amén de reputados estudiosos en la materia, han formado parte de varios proyectos de investigación relacionados con la transparencia, de cuyas conclusiones se nutre este libro.

Con este trabajo, los autores estudian qué repercusión ha comportado la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, Ley 19/2013), así como la labor del Consejo Estatal de Transparencia y sus réplicas autonómicas. El libro recoge los aspectos claves que configuran la transparencia en nuestro ordenamiento y, en general, analiza desde un punto de vista jurídico-crítico el estado de dicha materia en España y su evolución en los últimos años. Las bondades de este libro son muchas: en primer lugar, se puede comprobar fácilmente que el estudio trata de manera muy completa y profusa el estado de la cuestión; permite conocer cómo se ha fraguado el derecho de acceso a la información pública de la mano de investigadores que han seguido la trayectoria de esta normativa desde la propia concepción de la ley, lo que reviste al trabajo de bastante autoridad. Y lo que es aún más importante: el libro aporta unos datos muy interesantes de cara a la formación de doctrina, tan necesaria para la interpretación y comprensión de una materia que, como esta, aún está dando sus primeros pasos en nuestro ordenamiento jurídico.

Para ello, los autores han estructurado la obra, con un criterio bastante lógico, en cinco capítulos, que se recensionan a continuación.

– En el primer capítulo, se abordan las cuestiones generales en materia de transparencia. Sirve de contexto para comprender los antecedentes en que se aprueba la ley estatal y el régimen de competencias con que se desarrolla en las comunidades autónomas, cuestión esta última nada baladí habida cuenta de las particularidades organizativas del Estado español. Los autores teorizan sobre el derecho de acceso a la información pública y lo comparan con el derecho de publicidad activa.

– Ya en el capítulo segundo se pormenorizan algunos de los elementos de la transparencia, como sus ámbitos subjetivo y objetivo. En lo que concierne al ámbito subjetivo de la norma, me produce gran interés el hondo análisis al que se somete la lista de sujetos obligados que incardina el artículo 2 de la Ley 19/2013. Aunque en la obra recensionada no se sigue exactamente el orden que el legislador dio en la redacción de dicho artículo, sí se extraen y comentan estas entidades según su tipología. Algunos de estos sujetos son las administraciones públicas, las sociedades mercantiles participadas en más del ٥٠ % por sujetos previstos en el artículo 2 de la ley, las fundaciones públicas, la Casa Real y otros sujetos como el Congreso de los Diputados o el Senado (cuando actúan dentro de los márgenes del derecho administrativo), corporaciones de derecho público como comunidades de regantes, colegios profesionales y consejos de colegios profesionales (también cuando actúan dentro de los límites del derecho administrativo), así como las asociaciones constituidas por las administraciones y organismos descritos en este mismo artículo de la norma.

También se contribuye a acotar una definición doctrinal del concepto de información pública, cuyas vicisitudes, como se desprende del libro, presentan ciertas complejidades meritorias de estudio.

– El capítulo tercero examina el régimen de los límites en el acceso a la información. Se tipifican estos límites en varias grandes ramas: los relativos al interés público (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, política económica y monetaria, medio ambiente), los vinculados a la integridad de los procedimientos administrativos y judiciales, los conectados con la protección de derechos e intereses de contenido económico (comerciales, secreto profesional, propiedad intelectual y propiedad industrial) y los relacionados con la privacidad (aquí son de especial interés los conflictos y la ponderación de intereses que se produce en la frontera entre los datos personales y los de interés público). El alto grado de compleción de los supuestos contemplados en el capítulo hace muy útil su lectura.

– A continuación, el cuarto capítulo, que profundiza en aspectos procedimentales, inspecciona la manera en que se puede accionar el derecho de acceso a la información previsto en el artículo 17 de la Ley 19/2013. En concreto, se estudia la iniciación del procedimiento (sujetos, contenidos, medios de presentación), supuestos de inadmisión de solicitudes, tramitación de la solicitud (subsanación, audiencia…) y la resolución. Se profundiza de manera muy expresiva en cada uno de estos estadios del procedimiento, lo que se enriquece con el estudio del régimen de impugnaciones (arts. 23 y 24 de la Ley 19/2013), del que también se refieren las consideraciones que se deben tener en cuenta a lo largo del procedimiento, así como la tramitación de las impugnaciones (requisitos de presentación, trámites, resolución, etc.).

– El quinto capítulo, a modo de cierre, revisa las regulaciones especiales a las que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, al establecer que “(…) se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Es muy interesante porque permite que el libro termine sin olvidar aquellos supuestos que, por su naturaleza, estén sujetos a normas específicas. Resultan de especial atención las menciones que se realizan a la normativa en materia de secretos oficiales y su cercanía con los límites a los que se refiere el artículo 14 de la Ley 19/2013 referentes a seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores y seguridad pública.

En conjunto, y para concluir, podemos determinar que la obra recensionada ofrece una visión muy interesante sobre el estado en que se encuentra el derecho al acceso a la información pública en España. La autoría del libro es sin lugar a duda una garantía de la calidad de la obra, al estar firmada por dos catedráticos de Derecho Administrativo de reconocido prestigio y cuyas investigaciones han estado vinculadas a la transparencia; en cualquier caso, lo que hace especialmente atractivo este libro es el grado con el que contempla y desarrolla tantos aspectos previstos en la Ley 19/2013. Dada la juventud de esta ley, estos aspectos están aún por asentar, con lo que la obra es un importante impulso para aportar doctrina a la materia que, como se anuncia en el libro y a la fecha de redacción de esta recensión, aún queda pendiente de desarrollo en su correspondiente reglamento.