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GONZÁLEZ BUSTOS, M.ª Á.: Mujer y desarrollo sostenible en el medio rural, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2020, 170 pp. ISBN: 978-84-18244-21-6.

La autora de esta obra es, en la actualidad, profesora titular del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Facultad de Derecho de Salamanca. Entre sus múltiples líneas de investigación, merece especial atención su preocupación por la igualdad, sin dejar de lado otros campos como son su interés por el medio ambiente y el cambio climático.

En este libro se ha recogido, profundizado y abordado la gran problemática existente para la mujer en el medio rural, desglosándose y analizándose las políticas actualmente existentes tendentes a la implantación en un plano de igualdad de la mujer en el ámbito rural, destacándose la importancia de su papel en este medio, todo ello en aras de erradicar el despoblamiento, la España vacía.

Estructurado en cuatro capítulos, en el primero de ellos la autora se centra en la conceptualización del principio de igualdad y su ubicación dentro del marco legal, considerándose este como un principio de carácter universal. Se realiza todo el estudio sobre una acomodada y perfecta referencia tanto histórica como comparada sobre los anclajes y el intento de configuración de este principio como un pilar sólido, eliminándose o, al menos, intentando eliminar cualquier estereotipo de género. La importancia de la mujer en el medio rural, entendida esta no como el general estereotipo que tenemos de ella, sino como la de una mujer joven, con estudios superiores, hace necesaria, como bien acierta a indicar, la implantación y la búsqueda de políticas modernizadoras, políticas sociales que abarquen la asistencia sanitaria, políticas de conciliación, promociones de la igualdad, oportunidades laborales, acceso a TIC, etc., todo ello con el fin de dar el máximo cumplimiento a los presupuestos de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de las Naciones Unidas. Y es que no es hasta 1983 cuando son reconocidos los derechos de las mujeres como inherentes a los derechos humanos. Deben destacarse las menciones tan concisas que la autora realiza de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en las que hace hincapié en el derecho de titularidad de la tierra por las mujeres, derecho que hasta hace escasos años no era reconocido. Su estudio comparativo analiza los diferentes tratados de la Unión Europea, para profundizar en las políticas que se aplican en España y en las comunidades autónomas (CC. AA.). Bajo el Marco Nacional de Desarrollo Rural, cada comunidad autónoma tiene su propio proyecto de desarrollo rural, y son ellas las competentes para legislar de manera específica (como, por ejemplo, el Estatuto de las mujeres trabajadoras del País Vasco). La autora es hábil y consciente en la detección de que estas políticas deben ir ligadas y vinculadas a la situación geográfica que cada población tenga dentro del territorio nacional; así, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se distinguen líneas de actuación diferentes para el campo y para el mar.

Bajo la denominación principal de “Mujer y desarrollo sostenible”, su capítulo II se inicia con definiciones conceptuales; por ejemplo, qué debe entenderse por medio rural y sostenibilidad.

Los diferentes conceptos que se extraen de “medio rural” por parte del Instituto Nacional de Estadística y de la Ley 45/2007, de desarrollo sostenible del medio rural (LDSMR), hacen que finalmente la autora centre su estudio en los hábitats rurales intermedios y en los hábitats “a revitalizar”, por ser donde los problemas de envejecimiento y despoblación se ven más acentuados y precisan de políticas eficaces. Se hace constatar el hecho de que la desagrarización amenaza al patrimonio histórico-artístico y, por tanto, ello debe ser objeto de protección.

Si bien inicialmente el concepto de sostenibilidad iba ligado en exclusiva al derecho ambiental, hoy día, con la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas, no solo se concibe como un principio jurídico universal, sino que alcanza la tipificación de ser un completo derecho humano.

Especialmente interesante resulta el estudio que aborda de los Planes de Zona que se desarrollan en los Programas de Desarrollo Rural Sostenible (que giran en torno a 5 ejes), creados por la propia LDSMR, siendo estos los que requieren la máxima participación de la mujer, con igualdad de trato y oportunidades, y mal cabe hablar de incorporar estos principios si se distinguen actuaciones dirigidas exclusivamente a mujeres. Participo plenamente de esta idea, siendo necesario un cambio en este enfoque, pues realmente no hace más que crear desigualdad en el intento de alcanzar la igualdad: se requiere, por tanto, como acertadamente indica la autora, incorporar el principio de igualdad de todas las actuaciones del medio rural, porque la igualdad de género no es exclusiva de las mujeres. Igualmente propone que, para iniciar el proceso de alcanzar esta meta, es precisa una mayor degradación y precisión en los parámetros estadísticos que sean generadores de un verdadero impacto de género.

Adentrándose en las tipologías de mujeres en el medio rural, se realiza un exhaustivo estudio de las ventajas para la promoción de la cotitularidad (Ley 35/2011, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrícolas). Frente a la falta de información que actualmente existe sobre este tipo de unidades económicas –que no dejan de ser una comunidad de bienes–, carentes por sí de personalidad jurídica propia, se alzan sus numerosas ventajas a la hora de obtener subvenciones, actividades formativas, agilidad de tramitación… Queda establecida otra opción jurídica a la que acogerse, cual es la sociedad limitada. Al respecto, se debe matizar que no se realiza mención a la figura de la cooperativa, opción, a mi entender, con muchas ventajas sociales, bonificaciones fiscales…, siendo la actividad cooperativizada especialmente idónea en el medio rural.

Las referencias a la violencia de género existentes en el medio rural son muy acertadas en la obra, pues a los problemas consabidos de la mujer rural y su entorno se añaden este tipo de actos delictivos que hacen incluso más palpables la falta de servicios sociales, de atención, de información, carencia de medios adecuados de desplazamiento… Este “aislamiento” es nefasto para la globalidad que ya de por sí envuelve al tipo penal específico. La creación del Registro Unificado de Violencia de Género puede paliar, en parte, este desequilibrio existente.

En su capítulo III, se explica con sumo detalle y se especifica qué actuaciones son requeridas para mejorar las condiciones de vida en el medio rural de las mujeres. Se parte de la premisa de que, hace escasos años, el concepto de vida en el campo se ha equiparado a calidad de vida. Pero está claro que quien elige esta forma de vida lo hace como opción, no por imposición. Lo que sí se hace necesario es luchar contra el envejecimiento y el despoblamiento, y para ello son un total de cuatro los ejes sobre los que se debe actuar: inserción laboral de las mujeres; conciliación y corresponsabilidad; mejora de las infraestructuras; y participación activa de las mujeres en la toma de decisiones de los diferentes órganos.

Dejar al margen la correspondencia “mujer = cuidadora” es primordial. Este estereotipo de mujer, con trabajo no remunerado, no puede optar a dar el salto al mundo laboral si no es con una oferta de oportunidades laborales. Y ello no es posible sin programas de ayuda conciliadora, facilidades de transporte, acceso adecuado a TIC… Los nuevos empleos que van surgiendo son capaces de lograr una conciliación laboral; ejemplo de ello es el turismo rural o la transformación y comercialización de productos artesanos. No obstante, se requiere mayor promoción de estas actuaciones emprendedoras que favorezcan y dinamicen el mercado laboral. En definitiva, el fomento de planes de igualdad. La necesidad de un salario, unida a la flexibilidad horaria –conciliadora– sin duda son pilares básicos, así como un mayor número de ayudas y accesos a microcréditos. Es incluso necesaria, como apunta nuestra autora, la flexibilización burocrática en aspectos urbanísticos a la hora del establecimiento de actuaciones en suelos que, inicialmente no contemplados por sus planes generales de ordenación urbanística para tales fines (hospedajes, deportivas, industriales…), puedan ser objeto de su reclasificación o recalificación –en su caso–.

El rol de la mujer en el medio rural es aún muy fuerte, y debe debilitarse este concepto a fin de que la conciliación pueda llegar a buen puerto. Hay iniciativas que ya se han puesto en práctica, como son los pactos locales por la conciliación encaminados al cambio de mentalidad, cuestión esta que, bajo mi criterio, es el principal escalón con el que la conciliación se topa. Hasta tanto esta mentalidad no se modifique, difícilmente las actuaciones serán eficaces. Sin embargo, como bien se indica en la obra, estas políticas son más eficaces en los trabajos de familias temporeras, que, con la puesta en marcha de guarderías, residencias de centros de día, se ha podido comprobar que la empleabilidad va en aumento.

La introducción en nuestras vidas del teletrabajo, debido a la COVID-19, ha supuesto un cambio radical en la vida laboral, sin distinción de género. Se ha demostrado que es no solo viable, sino hasta aconsejable, tal y como apunta la autora. Las herramientas, las TIC, han tenido que crecer a ritmos vertiginosos para adaptarse a esta situación que a todos nos ha cogido por sorpresa. Debe darse igualdad al trabajador que lo hace físicamente como a al que teletrabaja y debe elaborarse sin prisa, pero sin pausa, un marco general que dé la misma protección a unos que a otros (aun estando en vigor el RD Ley 28/2020 de trabajo a distancia, ha sido de muy rápida creación y adolece, bajo mi criterio, de algunas lagunas). Las TIC son primordiales para el desarrollo local, de productos, de servicios, etc. Por tanto, se requiere que su acceso sea garantizado. Este acceso es instrumento clave no solo para dar a conocer los productos y servicios, como hemos indicado, sino para socializar, interactuar… jóvenes, mujeres. Las campañas de prevención, como “Estamos contigo, la violencia de género la paramos todos”, deben tener cobertura total (Plan Nacional de Territorios Inteligentes).

Es indudable que otra de las medidas urgentes pasa por la mejora de las infraestructuras y de los servicios públicos, de tal suerte que se garantice el acceso digno a estos servicios. El intento quedó parcialmente paralizado con la crisis de 2008. La búsqueda de nuevas fórmulas que permitan una mayor accesibilidad a los servicios e infraestructuras repercutirá en una mayor calidad de vida, siendo asimismo directamente proporcional a la mejora de la movilidad, al desarrollo económico y a la creación y acceso al empleo. Del mismo modo, es importante la optimización de los recursos naturales, tales como agua y electricidad, con medidas muy favorecedoras al impacto ambiental, sin olvidar las energías renovables, cuya potenciación se contempla en los Programas de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Otro de los aspectos claves que acertadamente son objeto de estudio es la necesidad de potenciar la participación política de la mujer del medio rural, hoy por hoy escasa. Fomentar y promover su protagonismo en este ámbito se hace necesario; el arrastre de su participación de las áreas de ocio y actividades culturales a áreas de organizaciones sindicales, profesionales, agrarias. La paradoja se produce, sin embargo, en pueblos más pequeños donde el rol de la mujer es más arraigado, donde hay más alcaldesas y concejalas, debiéndose ello a su activa participación en asociaciones culturales, sociales… De potenciarse el asociacionismo de microempresas llevadas por mujeres, se irían haciendo hueco en estos órganos de decisión política, por ello deben realizarse campañas de información de las ventajas de este tipo de agrupaciones, ya sean cooperativas o sociedades agrarias de transformación; hay que fomentar el liderazgo femenino. Aun habiéndose contemplado estas medidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, estas no han surtido los efectos deseados.

La permanencia de la mujer en el mundo rural dependerá de dos factores clave: los servicios que se presenten y las posibilidades de trabajo que existan. Solo si se consigue que las zonas rurales puedan ofrecer mejores servicios y mayores oportunidades laborales se logrará evitar la despoblación. No se requieren nuevas políticas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el medio rural y su participación en la vida política, social y económica, sino reformar las que tienen mayor impacto positivo. Se requiere mayor concentración de núcleos rurales tal y como contempla la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, de tal suerte que, con la fusión de municipios, haya mayor prestación de servicios que contribuirían a un desarrollo de infraestructuras y servicios de calidad. El problema es que los municipios no quieren perder su identidad. Por ello, el enfoque de la autora pasa por buscar una fórmula por la que no se pierda esta identidad.

La Ley de desarrollo del medio rural no ha tenido el efecto deseado: los fondos de la UE no se han destinado a evitar la despoblación y la igualdad. Así lo detalla con precisión la autora en un conciso repaso por las iniciativas (tanto públicas como privadas) para favorecer y promover la igualdad –pp. 142 y 143–. Pero están todas faltas de un compromiso serio por parte de los poderes públicos. Se requiere más intervencionismo de la Administración y un cambio en la manera de afrontar el problema, pues si los objetivos no han sido alcanzados con éxito hay que algo se está haciendo mal (mala planificación, gestión o ejecución). La mujer es “el pilar estratégico de esta batalla”, por lo que debe estar presente en la planificación, en la gestión y en la evaluación de todas estas políticas públicas.

En su capítulo IV aborda los mecanismos para conseguir la igualdad. La autora detalla que, para la consecución de estos objetivos, se precisa de un entramado institucional que compagine el desarrollo sostenible del medio rural con la igualdad y no discriminación de la mujer: intervención de agentes sociales, económicos y políticos, públicos y privados. Administración y sector empresarial deben ir de la mano. La reactivación del Ministerio de Igualdad como parte del Gobierno (RD 816/2018), las funciones del Instituto de la Mujer (pp. 150); entidades específicas para la Igualdad (Observatorio para la Violencia sobre la Mujer, Delegación para la Violencia de Género; Observatorio de la Igualdad de Oportunidades, Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Consejo de Participación de la Mujer, Unidades de Igualdad…), todos ellos dirigidos a la estabilización de la igualdad, sin perjuicio de la existencia de los específicos: Comisión Interministerial para el Medio Rural, Consejo para el Medio Rural, Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural… o la Mesa de las Mujeres concebidas como organizaciones de mujeres rurales de ámbito estatal, espacio de encuentro para la elaboración de planes y estrategias. A nivel autonómico y a nivel local juegan un papel importante los Grupos de Acción Local o Grupos de Desarrollo Rural.

En esta obra la autora llega a las conclusiones de que, para lograr la igualdad de la mujer en el medio rural, luchar contra la despoblación y alcanzar una mejor calidad de vida, todas las medidas a adoptar deben pasar por: reconocimiento del trabajo profesional y doméstico realizado por ellas; mayor participación en las actividades socioeconómicas y productivas, más presencia en la toma de decisiones; refuerzo de la formación profesional; apoyo al carácter emprendedor; mejora de las infraestructuras y servicios sociales, defensa de las políticas sociales que garanticen la conciliación laboral, personal y familiar, erradicación de la violencia doméstica, incorporación de la mujer al desarrollo rural sostenible. Y es que, como acertadamente indica nuestra autora, el “equilibrio de sexos hace una sociedad justa”.

La obra analizada es de muy ágil, fácil y rápida lectura y, a la vez, presenta una exhaustiva concreción de datos estadísticos, poblacionales, legislativos, y con una referencia bibliográfica de gran interés. Indudablemente, no está dirigida a la mujer, sino a toda la población. Deja atrás el vulgar lenguaje inclusivo, que no obedece más que a velos, pero que no atacan la raíz del problema. De ella se desprenden ideas tan sencillas de entender pero quizá difíciles de aplicar que debería ser de lectura obligada para algunos políticos y políticas que hoy por hoy gobiernan este país. La exclusión del hombre no erradica el problema: los programas deben ir pensados, ser elaborados y ejecutados sin distinción de género, pues de nada sirve atacar la desigualdad creando roles diferenciadores.