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GONZÁLEZ RÍOS, I.: Los entes locales ante la transición y sostenibilidad energética: Nuevos desafíos jurídico-administrativos, Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2021, 424 pp. ISBN: 978-84-1390-270-8.

La obra que se recensiona ofrece una completa visión del papel que están llamadas a desempeñar las entidades locales en el proceso de sostenibilidad energética que desde hace más de una década ha emprendido la Unión Europea. Les corresponde un papel protagonista en la estructura organizativa del Estado, constituyéndose como el punto directo de conexión entre el ciudadano y el entramado público, para ejecutar las actuaciones e instrumentos propuestos por el derecho derivado comunitario tendentes a contribuir en la transición y sostenibilidad energética.

El libro se estructura en diez capítulos, siendo la sostenibilidad energética en su vertiente ambiental, social y económica el grueso de la obra. Este sector, junto con el de la renovación de la edificación por razones de eficiencia energética, movilidad sostenible, redes de calefacción y refrigeración urbanas o contratación energética, son analizados desde un punto de vista jurídico y prestando especial atención a cómo se compatibilizan estas recientes actuaciones propuestas por el derecho derivado comunitario con el desarrollo de la descarbonización. Se abordan temas de gran actualidad, como las técnicas de ordenación y control de que disponen los entes locales para intervenir en la planificación, la construcción de infraestructuras energéticas, la construcción de edificios nuevos, la reforma y rehabilitación de la edificación por razones de eficiencia energética, la contaminación lumínica y la adaptación del alumbrado público, el transporte sostenible y la movilidad urbana, el vehículo eléctrico o las comunidades locales de energía.

En el primer capítulo, “Nuevos desafíos en sostenibilidad energética para los entes locales”, GONZÁLEZ RÍOS presta especial atención al concepto de sostenibilidad en relación con la transición energética, para analizar cuál es el papel que corresponde a los entes locales y constatar que la reducción de emisiones contaminantes a nivel europeo e internacional deben necesariamente coordinarse con la actuación a nivel local. En el segundo capítulo de la obra, “La intervención de los entes locales en la planificación y construcción sostenible de infraestructuras energéticas. Especial referencia a Andalucía”, la autora analiza los instrumentos que el marco normativo pone a disposición de los entes locales para contribuir a un uso menos contaminante, más eficiente y limpio de la energía. En este sentido, la autora subraya que, con la apertura a la competencia del sector energético en España, la mayor parte de la planificación energética tiene carácter indicativo (la actividad de generación, de distribución y comercialización). En la planificación energética de Andalucía, los entes locales han tenido ocasión de participar en su formulación y, al mismo tiempo, son destinatarios de importantes medidas para alcanzar los objetivos regionales en la materia, que mejoran los objetivos nacionales, siendo especialmente relevante el papel que desempeñan respecto a las instalaciones de autoconsumo eléctrico.

Según la Unión Europea, alrededor del 40 % del consumo total de energía en la UE y hasta el 36 % de las emisiones de efecto invernadero del continente corresponden a los edificios. Con el objetivo de reducir su consumo energético, la Directiva de “eficiencia energética de edificios 2010/31/EC” señaló la necesidad de apostar por edificios altamente eficientes o de consumo energético casi nulo, llamados NZEB (Nearly Zero Energy Buildings). Para conseguir edificios más sostenibles, respetuosos con el medioambiente y con un nivel de eficiencia energética muy alto, España ha aprobado un extenso marco normativo sobre edificación que da cumplimiento a las disposiciones comunitarias.

El tercer capítulo, titulado “Edificación energéticamente sostenible. El papel de los entes locales”, se centra precisamente en los aspectos más relevantes de esta regulación de la construcción, reforma y gestión de edificios desde la perspectiva del uso eficiente de la energía, prestando especial atención a los edificios públicos locales y a los mecanismos de los que disponen los entes locales respecto a la edificación privada para contribuir a la sostenibilidad energética.

En materia de patrimonio histórico, el marco normativo del suelo, así como la legislación urbanística, junto con las referencias transversales en la materia de la normativa energética, constituyen los pilares básicos para su conservación y mantenimiento, así como para su necesaria adaptación a las necesidades de confort térmico y de uso más eficiente de energía. Ahora bien, no es fácil cumplir con las exigencias básicas de ahorro de energía sin comprometer los valores arquitectónicos que se desean conservar. En este contexto, en el capítulo cuarto “Intervención municipal en el patrimonio histórico: conservación versus sostenibilidad energética”, la autora profundiza en el papel que juegan las entidades locales en la materia, así como en los desafíos que supone el cumplimiento de algunas exigencias básicas de ahorro de energía, mostrándose crítica al entender que es necesario que la normativa sobre patrimonio histórico se coordine con las medidas relativas a edificación contenidas en la actual legislación sobre descarbonización y transición energética.

Precisamente un ámbito en el que los municipios pueden incidir para mejorar la sostenibilidad energética es el alumbrado público en el patrimonio histórico, por lo que resulta especialmente relevante el análisis de la normativa sobre la contaminación lumínica dictada por algunas comunidades autónomas, así como los preceptos contenidos en el Reglamento “de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior”.

Seguidamente, en el capítulo quinto: “Sostenibilidad energética en el alumbrado exterior: instrumentos de intervención municipal”, se sigue ahondando en la contaminación lumínica provocada por el alumbrado exterior, y más concretamente por el alumbrado público. En este sentido, cobra especial relevancia la zonificación lumínica como instrumento de lucha frente a la iluminación inadecuada o excesiva, que, por su resplandor o alcance, puede tener variados efectos negativos sobre el medio ambiente, además de implicar un uso irracional de la energía. No obstante, no debe soslayarse el coste económico que conlleva la sustitución de los actuales alumbrados públicos, altamente contaminantes, lo que sin duda puede frenar la acción municipal. Por este motivo, a juicio de la autora, la lucha contra la contaminación lumínica y el fomento de la eficiencia energética en el alumbrado exterior existente deben venir impuestos por la legislación básica estatal.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, el transporte puede suponer otro grave problema ambiental. Respetar los criterios de condicionalización ambiental de los transportes ayuda a controlar el consumo irracional de energía y de combustibles fósiles. En el capítulo VI, “Sostenibilidad energética a través del transporte y la movilidad urbana”, GONZÁLEZ RÍOS aborda el estudio de la normativa sobre el transporte y la movilidad sostenible de los transportes terrestres en el ámbito urbano desde dos grandes perspectivas: la ordenación sostenible del transporte y la adaptación a la normativa ambiental de los sistemas de movilidad urbana, donde cobran especial relevancia el uso de biocombustibles y el vehículo eléctrico; y todo ello haciendo especial hincapié en la incidencia que tiene la intervención municipal en la materia.

La contratación pública energéticamente sostenible permite a las administraciones, en el desarrollo de su actividad, fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad medioambiental. En el capítulo VII, “Otros instrumentos locales para la sostenibilidad energética (contratación local energéticamente sostenible y comunidades locales de energía)”, la autora examina las innovaciones legislativas más destacadas en la materia, con el objetivo de evidenciar su influencia en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad energética.

GONZÁLEZ RÍOS, en el capítulo VIII, titulado “Régimen sancionador en materia de sostenibilidad energética: la reducida intervención de la administración local”, analiza el procedimiento sancionador establecido para garantizar la sostenibilidad energética, así como el régimen de financiación y ayudas para alcanzarla. A su juicio, a pesar de que la intervención local resulta cada vez más necesaria para garantizar la tan deseada transición energética, es necesario corregir algunas deficiencias relativas sobre todo a la escasa participación de las entidades locales en todos aquellos ámbitos llamados a garantizarla.

No cabe duda de que el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa de la Unión Europea sobre eficiencia energética exige ineludiblemente un correcto sistema de financiación. En el contexto de la pandemia de la COVID-19, cobra especial relevancia la respuesta económica dada por parte de la Unión Europea a través de los fondos comunitarios. El capítulo “Medidas de fomento para la sostenibilidad energética: su incidencia en los entes locales” evidencia su influencia en el cumplimiento de los objetivos sobre sostenibilidad energética y analiza los fondos y programas existentes. La obra finaliza con un último capítulo de “Reflexiones y propuestas finales”.

En definitiva, las reflexiones jurídicas recogidas en esta obra permiten ofrecer una visión del estado de la cuestión del papel de los entes locales en la sostenibilidad energética; sin duda, un tema transversal de gran importancia a la vez que problemático y que en todo caso evidencia que su actuación debe enmarcarse en fórmulas de colaboración y cooperación interadministrativas y de colaboración público-privadas, tal y como subraya la autora. Algunos de los ámbitos en los que incide la intervención de las entidades locales para contribuir a la sostenibilidad energética han sido analizados en profundidad, prestando especial atención sobre todo a aquellos que más pueden contribuir a la descarbonización de la economía. Como consecuencia, esta obra constituye un referente en la actualidad jurídica de la materia, de lectura imprescindible para funcionarios públicos, profesionales interesados en el sector, y estudiosos del derecho administrativo, ya que proporciona todas las herramientas teóricas para un análisis riguroso de la materia.