Revista Galega de Administración Pública, EGAP

Núm. 65_xaneiro-xuño 2023 | pp. 413-416

Santiago de Compostela, 2023

https://doi.org/10.36402/regap.v1i65.5088

© Inmaculada Ruiz Magaña

ISSN-e: 1132-8371 | ISSN: 1132-8371

Recibido: 27/04/2023 | Aceptado: 01/06/2023

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Reformas para la cohesión territorial de España

Inmaculada Ruiz Magaña

Contratada FPU en el Área de Derecho Administrativo

Universidad de Jaén

https://orcid.org/0000-0002-2466-7235

irmagana@ujaen.es

MORENO GONZÁLEZ, G. (dir.): Reformas para la cohesión territorial de España, Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2022, 226 pp. ISBN: 978-84-1381-467-4.

El título (Reformas para la cohesión territorial de España) ya anticipa que estamos ante una obra que invita a la reflexión. Además, adelanta su objeto: el estudio de distintas propuestas e iniciativas de reforma para fortalecer la cohesión territorial. No cabe duda del interés y actualidad de la temática. Si la cohesión territorial ha venido ocupando un importante lugar en las políticas de los poderes públicos –así lo evidenciaba en 2008 el Tratado de Lisboa, que la introducía entre los principales objetivos de la Unión Europea–, las consecuencias económicas y sociales generadas por el COVID-19 han hecho que esta se sitúe, aún más, en el punto de mira de la actuación pública. Así se refleja tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Para el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (que, como es sabido, es el núcleo del instrumento de financiación europeo conocido como «Next Generation EU»), la cohesión en sus tres vertientes –económica, social y territorial– constituye uno de sus cuatro objetivos principales. En España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de igual modo, la incluye como uno de sus cuatro ejes transversales. En este contexto, uno de los retos que actualmente se plantean en torno a la cohesión territorial, y al que se refiere el citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es la despoblación de las áreas rurales, materia que también se aborda en este libro colectivo.

En el prólogo, la actual ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García, tiene ocasión de poner de manifiesto la relevancia de reforzar la vertebración del territorio, eliminar la brecha urbano-rural e impulsar actuaciones específicas en las áreas más afectadas por la desigualdad, como son los municipios con menor población y el conjunto de áreas rurales. Aunque, como señala, para todo ello se hace necesaria una visión integral y compartida de la gestión del territorio, adquiriendo una importancia fundamental la cooperación institucional.

El volumen ha sido dirigido por Gabriel Moreno González, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, que ha contado con la colaboración de reconocidos académicos de diversos ámbitos del conocimiento (constitucional, financiero y tributario, administrativo y ciencia política) así como de técnicos de la Administración. El resultado son doce capítulos a cuyo contenido nos referimos seguidamente.

En el primer capítulo Gabriel Moreno González y Ana Torrecillas Martínez, investigadora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, encuadran la temática y apuntan cómo en las últimas décadas una parte importante de las preocupaciones doctrinales relativas a la cohesión territorial de España se ha centrado en analizar la problemática nacionalista, quedando al margen otro gran problema del país: la despoblación. Los autores identifican este reto demográfico como un reto democrático y constitucional que, unido a «escenarios de oportunidad» como la pandemia y la crisis climática, puede ofrecer una ocasión para repensar el Estado y ampliar los horizontes de acción para la cohesión de la España de las autonomías y de los municipios para la España rural y sus pequeñas y medianas ciudades.

El profesor Miguel Agudo Zamora, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, tras valorar el estado actual en el que se encuentra el Estado de las autonomías implantado por la Constitución de 1978, sugiere acometer variadas reformas que permitan mejorar el modelo de configuración territorial. Estas propuestas consisten en profundizar en el respeto a la diversidad y a las identidades diferenciadas dentro de España, realizar cambios en el Senado con vistas a mejorar la participación y la representación de las comunidades autónomas y enfatizar la necesidad de mejorar la participación de estas en la gobernanza estatal.

El desafío que constituye la despoblación es presentado por Joaquín Martín Cubas, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Valencia, que reclama la necesidad de una «nueva gobernanza territorial» que permita adaptar el sistema político a los nuevos retos para los gobiernos locales. Compartiendo la mirada hacia la España despoblada, Andrés Iván Dueñas Castillo, profesor ayudante doctor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, se centra en la «crisis de representatividad» en la que se ven inmersos los territorios de la «España vacía» en los que han surgido en los últimos años candidaturas locales, analiza sus causas y propone posibles soluciones para mejorar la comunicación entre representantes y representados.

También desde la óptica constitucional, el profesor Pablo Guerrero Vázquez, de la Universidad de Zaragoza, se ocupa de examinar el papel que juegan los mecanismos de redistribución de la riqueza en la consecución de la cohesión territorial. El autor expone el sistema de financiación alemán para, posteriormente, descender al sistema español, resaltando sus luces y sombras y apuntando algunas propuestas de reforma.

En materia de financiación económica nos ilustra Elena Manzano Silva, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura, que lleva a cabo un análisis del actual modelo de financiación autonómica, poniendo de relieve los inconvenientes que presenta, en particular, para los territorios poco poblados y la necesidad de efectuar una revisión que contribuya a corregir los desequilibrios interterritoriales. En esta línea, Fátima Pablos Mateos, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la misma universidad, proporciona una visión comparada de cómo los poderes públicos de Portugal y Francia han respondido desde el ámbito financiero al reto demográfico. Como expone, en ambos casos se ha optado por medidas de discriminación fiscal positiva que podrían constituir marcos referenciales para futuras reformas normativas que puedan realizarse en España. Por su parte, el profesor Jesús Ramos Prieto, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, realiza un estudio sobre el fundamento, características y desarrollo normativo de la participación en la recaudación de los tributos de las comunidades autónomas, que califica como «asignatura pendiente de la financiación local», y reclama que la participación sea tomada en consideración en una futura reforma de la financiación local.

Desde la perspectiva del derecho administrativo, los catedráticos Francisco Velasco Caballero, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Eloísa Carbonell Porras, de la Universidad de Jaén, arrojan luz sobre el plano local. El primero aborda una temática de interés, como es la inadecuada planta municipal y su elevado número de municipios. El autor proporciona una visión comparada sobre la planta local en otros Estados y, tras compartir algunas reflexiones respecto de las fusiones municipales en relación con la eficiencia económica y la democracia, plantea alternativas de estrategias políticas a la fusión de municipios –que es la solución primaria propuesta por la doctrina ante el micromunicipalismo–. La segunda reivindica el papel que pueden representar las diputaciones provinciales en la lucha contra la despoblación. Para ello, analiza la Ley de bases de régimen local, la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural y el anteproyecto que pretende introducir reformas en la Ley de bases de régimen local con el fin de atender a problemas que viven los municipios con escasa población y pone de manifiesto la ausencia de alusiones de estos dos últimos textos a estos entes locales y la incongruencia que supone de acuerdo con su posición institucional.

Siguiendo la línea de lo local, Javier Durán García, letrado de la Administración local, estudia la normativa sobre contratación pública poniéndola en relación con los pequeños municipios. Así, tras destacar algunos aspectos que obstaculizan a estos el cumplimiento del marco legal, recuerda el papel que pueden tener las administraciones intermedias para salvar estas dificultades y menciona distintas herramientas contenidas en la normativa sobre contratación pública que pueden ser útiles para la lucha contra la despoblación.

El estudio colectivo finaliza con la aportación de Pablo Manuel Rivera Búa, director ejecutivo de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Chaves-Verín (Galicia-Portugal), que trata la problemática a la que se enfrenta el reto territorial y demográfico en los territorios de frontera luso-españoles, caracterizados por asimetrías jurídico-administrativas muy intensas en el plano local, y su vinculación con las ventajas que ofrece la cooperación transfronteriza.

En definitiva, como puede observarse en esta reseña, se trata de una obra muy completa que no se limita solo al estudio del ordenamiento español, pues, de cara a la proposición de alternativas de reforma, tiene en consideración otros sistemas de nuestro entorno. Cabe también destacar cómo el carácter multidisciplinar de los nutridos autores demuestra una vez más su eficacia; permite así ofrecer al lector una visión completa de los retos, obstáculos y posibilidades de reforma que se plantean en la materia.