Finalización del estado de alarma: la desorganización jurídico-administrativa continúa
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La pandemia del COVID-19 provocó en España la declaración de tres estados de alarma , con problemas jurídicos; los cuales se han agudizado con la finalización del último, ya que el Gobierno de la Nación se ha desentendido de la gestión de la epidemia, responsabilizando a las Comunidades Autónomas de la misma, en un proceso mal llamado de “cogobernanza”, con más problemas aún. Por otra parte, se han dado al Tribunal Supremo unos poderes cuasi-normativos y administrativos. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los estados de alarma declarados, y el cierre del Congreso de los Diputados. Y todo ello sin tener una legislación apropiada para luchar contra el COVID-19, en pleno ascenso de la sexta ola de la epidemia.